La escena ocurrió el martes por la tarde, en plena vendimia de O Ribeiro, cuando varios viticultores trabajaban en fincas familiares de pequeño tamaño. La Inspección de Trabajo llegó acompañada por patrullas de la Guardia Civil e incluso con drones, según recoge La Voz de Galicia. El operativo sorprendió a los presentes y ha abierto un debate sobre la proporcionalidad de las actuaciones en el medio rural.
En el epicentro de la queja, una frase que ha encendido al sector. «A un campesino le dijeron que necesitaba un baño portátil en un viñedo de 500 metros, cuya cosecha tarda una hora. Es impensable», afirmó Carlos Basalo, portavoz de Unións Agrarias, en declaraciones a al citado medio. La organización no cuestiona que se hagan controles, pero sí su forma en un contexto de explotaciones familiares y labores estacionales.
También desde el lugar, un viticultor resumió el malestar: «Esto solo pasa en Beade y es acoso, parece que somos criminales», recogió el mismo medio. El propio Basalo abundó en esa idea: «No nos quejamos de que hagan inspecciones, pero son viticultores que vendimian, no delincuentes».
Un operativo que el sector considera desmesurado
La intervención se desarrolló en Beade y en O Barco, donde se investiga a una empresa de servicios. En Unións Agrarias alertan de que actuaciones así pueden ahuyentar a la poca mano de obra disponible y recuerdan que la normativa permite trabajar a familiares de primer grado, mientras que la ayuda vecinal queda al criterio del inspector.
El sindicato ha trasladado una queja formal: reivindica el cumplimiento de la ley, pero denuncia el uso de patrullas y drones en pequeñas fincas, y reclama adaptar ciertas reglas a la realidad del campo. En este sentido, la exigencia de un aseo portátil en viñedos minúsculos y por tiempos muy breves es, a su juicio, un ejemplo de desconexión normativa.
Un conflicto que viene de atrás
La polémica enlaza con lo ocurrido a primeros de año en Castilla-La Mancha, donde las inspecciones comenzaron a sancionar a agricultores por no disponer de retretes portátiles en las fincas durante la campaña de la aceituna. Aquellas medidas, orientadas a garantizar la privacidad de los trabajadores, generaron un profundo malestar en un sector ya tensionado por la caída de precios en origen y el aumento de costes.
Entonces, organizaciones agrarias calificaron de «increíble» que la ausencia de aseos fuera motivo de multa y alertaron del impacto en explotaciones que van cambiando de parcela a diario. El debate de fondo es cómo equilibrar derechos laborales y viabilidad en campañas cortas y atomizadas, con fincas dispersas, accesos complicados y márgenes cada vez más estrechos.
En O Ribeiro, el malestar se ha reavivado por el dispositivo y por la citada exigencia del baño portátil en un viñedo de apenas 500 metros. El sector pide rigor y control, sí, pero también proporcionalidad y sentido común para que la vendimia no se convierta en un campo de minas burocrático.
