El precio del combustible sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos conductores y, en ese contexto, no son pocos los que se sienten tentados a buscar atajos ilegales. Uno de los más conocidos es el uso de gasoil agrícola, también llamado gasóleo B o gasóleo rojo, un carburante que cuesta bastante menos que el diésel convencional que se vende en las gasolineras.
Este tipo de combustible está pensado para un uso muy concreto y limitado. Su menor precio no es casual ni responde a una oferta comercial, sino a una exención fiscal diseñada para apoyar determinadas actividades productivas del sector primario.
El problema llega cuando ese gasóleo acaba en el depósito de un turismo o de un vehículo no autorizado. En ese momento, además del riesgo mecánico, el conductor se enfrenta a sanciones muy severas y a un control cada vez más eficaz por parte de la Guardia Civil.
Qué es el gasoil agrícola y por qué es más barato
El gasoil agrícola es un carburante destinado a maquinaria agrícola, forestal, pesquera, a determinados vehículos autorizados y a embarcaciones. Sus características técnicas son similares a las del gasóleo de automoción, pero al estar exento de una elevada carga impositiva, su precio final es sensiblemente inferior.
Esta exención tiene como objetivo facilitar la labor productiva de agricultores y otros profesionales del sector primario. Para poder beneficiarse de ella, los usuarios deben cumplir una serie de requisitos y justificar ante la administración el uso que van a dar al combustible.
Entre esos usos permitidos no figura, como es lógico, repostar un coche particular para circular por carretera. Hacerlo supone un fraude fiscal que la normativa española persigue con dureza.
Por qué el gasóleo rojo se detecta con facilidad
Para evitar precisamente ese uso fraudulento, el gasoil agrícola está teñido de rojo. Ese color no es un simple distintivo visual, sino que va acompañado de trazadores y marcadores químicos que permiten identificarlo incluso en pequeñas cantidades.
Gracias a estos marcadores, las autoridades pueden comprobar en cuestión de segundos si un vehículo ha utilizado este carburante de forma indebida. Desde el punto de vista de Hacienda, se considera un delito de fraude o estafa, con consecuencias que van mucho más allá de una simple multa.
El marco legal que regula su uso está recogido en el Real Decreto 1165/1995, que obliga a los consumidores finales a declarar su actividad económica y el destino del carburante.
Multas, inmovilización y posibles penas de prisión
Las sanciones por usar gasoil agrícola en vehículos no autorizados son elevadas. Las multas económicas pueden ir desde los 600 euros en motores con baja potencia fiscal hasta los 6.000 euros en vehículos más potentes.
Además de la sanción económica, el vehículo puede quedar precintado e inmovilizado durante un periodo que oscila entre uno y cuatro meses. En los casos más graves, el conductor puede enfrentarse a un delito contra la Hacienda Pública, con penas de prisión de hasta cinco años.
A todo ello se suma el posible daño mecánico. Este combustible tiene más parafina y está menos filtrado que el gasóleo A, lo que puede provocar averías y problemas de mantenimiento a medio y largo plazo.
Así actúa la Guardia Civil en un control rutinario
La Guardia Civil dispone de equipos específicos que permiten detectar el uso de gasóleo rojo directamente en carretera. Durante un control, los agentes extraen una pequeña muestra del carburante del depósito y comprueban su coloración.
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Si el resultado es positivo, se identifica al conductor y se tramita la correspondiente denuncia. Todo el proceso se realiza en apenas unos minutos, lo que demuestra que recurrir a este tipo de fraude es, además de ilegal, una apuesta casi segura por la sanción.