Escopetas de caza, rifles, pistolas, revólveres, armas blancas e incluso ballestas o arcos. Miles de armas depositadas en dependencias de la Guardia Civil están acabando en hornos de fundición repartidos por toda España. Solo en los últimos meses, distintas comandancias han destruido al menos 4.646 armas, una cifra que refleja el cambio radical que sufrió el sistema tras la reforma del Reglamento de Armas aprobada en 2020.
La última actuación conocida ha tenido lugar en Soria, donde la Guardia Civil ha eliminado 339 armas mediante fundición industrial en una planta de Ólvega. Las imágenes difundidas por la propia comandancia muestran a varios agentes transportando largas filas de escopetas y rifles hacia el proceso de destrucción. El material reducido a chatarra en Soria incluía principalmente escopetas, rifles, pistolas, revólveres, carabinas de aire comprimido y armas blancas. Según la información facilitada, el metal resultante rondó los mil kilos y fue destinado posteriormente a reciclaje.
Pero lo ocurrido en Soria no es un caso aislado. En apenas unas semanas se han sucedido campañas similares en distintos puntos del país con cifras especialmente llamativas.
Más de 4.600 armas destruidas en pocos meses
En Huesca, la Guardia Civil destruyó recientemente 808 armas depositadas en distintas Intervenciones de Armas de la provincia. Entre ellas había 356 escopetas, 53 rifles, cuatro subfusiles, 93 pistolas y revólveres, además de carabinas de aire comprimido, ballestas, arcos y más de 200 armas blancas. Todo el material fue trasladado a una empresa siderúrgica para su fundición.
En Cantabria la cifra fue todavía mayor. La comandancia cántabra eliminó 1.325 armas, con un peso total cercano a las dos toneladas. De ellas, 837 eran armas de fuego y el resto correspondía a armas blancas, detonadoras y otros objetos considerados peligrosos. La Guardia Civil recordó además que en los últimos siete años ha destruido más de 18 toneladas de armamento en la región.
También en Cáceres se desarrolló otra gran campaña de destrucción. Allí fueron reducidas a chatarra 835 armas, alcanzando un peso conjunto de 2,3 toneladas. Entre ellas predominaban las escopetas, aunque también había rifles, pistolas, carabinas, detonadoras y armas prohibidas.
El cuarto gran operativo reciente tuvo lugar en Huelva. La Guardia Civil destruyó 1.339 armas, entre las que figuraban más de 800 armas de fuego y alrededor de 500 táseres, armas blancas y armas prohibidas.
El cambio legal que acabó con las subastas
Muchas de estas armas proceden de particulares que dejan de tener licencia, fallecen o deciden desprenderse de ellas. Durante décadas, buena parte de ese material no acababa destruido. Las comandancias organizaban subastas públicas en las que otros aficionados podían adquirir legalmente esas armas y devolverlas al uso deportivo o cinegético.
Aquellas subastas eran habituales y atraían a compradores de toda España. En ellas podían encontrarse desde escopetas antiguas hasta rifles de caza mayor o armas históricas. Sin embargo, esa posibilidad desapareció tras la modificación del Reglamento de Armas publicada en agosto de 2020.
Desde entonces, las armas depositadas que no son recuperadas o transferidas por vías legales terminan destruidas. Solo se salvan aquellas que poseen un valor histórico, artístico o cultural acreditado.
El objetivo del Plan de Control de Armas
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF) y también en las medidas internacionales contra el tráfico ilícito de armas impulsadas por Naciones Unidas y la Unión Europea.
La Guardia Civil sostiene que este sistema busca impedir que armas inutilizadas vuelvan al mercado ilegal, evitar transformaciones clandestinas y reforzar el control sobre el armamento fuera de circulación. Muchas de las armas destruidas habían estado implicadas en procedimientos penales o administrativos, mientras que otras fueron entregadas voluntariamente por sus propietarios.
Aun así, la desaparición de las subastas sigue siendo criticada por parte de muchos aficionados, que consideran que numerosas armas perfectamente funcionales y con valor económico o sentimental terminan convertidas en chatarra sin posibilidad de reutilización legal.