La escena tuvo lugar en pleno corazón del Ribeiro, varias semanas atrás, cuando varios agricultores vendimiaban en pequeñas fincas familiares. Según ha publicado La Voz de Galicia, la Inspección de Trabajo acudió acompañada por agentes de la Guardia Civil e incluso con drones para supervisar la jornada. El operativo sorprendió a los presentes y ha reavivado un debate que lleva tiempo latente en el campo: la distancia entre la normativa laboral y la realidad del medio rural.
El episodio que más indignación ha causado se produjo en un viñedo de apenas 500 metros cuadrados. Allí, a un viticultor le exigieron disponer de un baño portátil, pese a que las tareas duraban poco más de una hora. Para muchos, el caso simboliza la falta de criterio con la que, a su juicio, se están aplicando determinadas inspecciones en explotaciones familiares.
«A un campesino le dijeron que necesitaba un baño portátil en un viñedo de 500 metros, cuya cosecha tarda una hora. Es impensable», denunció Carlos Basalo, portavoz de Unións Agrarias, al citado medio. La organización considera necesario el control, pero pide que se adapte «al contexto real del trabajo agrícola».
Un operativo que el sector considera desmesurado
El dispositivo se desplegó en Beade y en O Barco, donde también se investiga a una empresa de servicios. Según Unións Agrarias, este tipo de actuaciones pueden desincentivar a los pocos trabajadores disponibles para la vendimia y generar un clima de desconfianza. El sindicato recuerda que la ley permite la colaboración de familiares directos sin contrato, y que la ayuda vecinal depende de la interpretación del inspector.
El malestar no se hizo esperar. «Esto solo pasa en Beade y es acoso, parece que somos criminales», afirmó un viticultor al mismo periódico. La sensación general es que el campo está siendo tratado como si fuera un polígono industrial, con normas diseñadas para entornos completamente distintos.
Desde la organización agraria insisten en que el problema no es la inspección en sí, sino su falta de proporcionalidad. «No nos quejamos de que hagan inspecciones, pero son viticultores que vendimian, no delincuentes», subrayó Basalo.
Un conflicto que viene de atrás
La polémica recuerda a lo ocurrido a comienzos de año en Castilla-La Mancha, donde se sancionó a varios agricultores por no contar con aseos portátiles durante la campaña de la aceituna. Aquellas medidas, justificadas por motivos de salubridad, generaron un fuerte rechazo entre los productores, que consideraban imposible instalar baños en parcelas cambiantes y de corta duración.
En el Ribeiro, el malestar se ha intensificado por el uso de drones y la exigencia del baño en todo tipo de fincas. Las organizaciones agrarias reclaman que se revise la normativa para evitar que el campo quede atrapado entre la burocracia y la desconfianza. Piden rigor, sí, pero también sentido común.