El Consejo de Gobierno andaluz ha dado el primer paso para regular de forma clara y oficial una figura clave en la conservación y vigilancia de los espacios naturales: el guarda jurado de caza. La nueva orden, aún en fase de tramitación, desarrollará el artículo 98 bis del Reglamento de Ordenación de la Caza, con el objetivo de profesionalizar este perfil y garantizar la protección eficaz de los ecosistemas donde se desarrolla la actividad cinegética y la pesca fluvial.
Hasta ahora, los guardas de coto y los guardas rurales con especialidad en caza compartían funciones en un marco normativo difuso, lo que generaba inseguridad jurídica y falta de reconocimiento profesional. La iniciativa de la Junta responde así a una demanda histórica del sector cinegético, que reclamaba una regulación propia y adaptada a las necesidades reales del medio rural andaluz.
Un perfil profesional con funciones bien definidas
La orden establecerá un sistema de acreditación riguroso, que incluirá formación homologada y requisitos específicos. Para ejercer como guarda jurado de caza será necesario contar con la habilitación estatal como guarda rural con especialidad en caza, además del certificado andaluz de capacitación cinegética. Solo quienes cumplan con ambas cualificaciones podrán ejercer en los espacios cinegéticos autorizados.
Entre sus funciones estarán la vigilancia de la actividad cinegética y de los hábitats donde esta se desarrolla, así como la colaboración en la ejecución de los planes técnicos de caza, el control de poblaciones y la detección de prácticas ilegales. También se prevé su participación en tareas de protección contra incendios y en la seguridad de fincas y zonas de pesca fluvial.
Coordinación con agentes ambientales y cuerpos de seguridad
La nueva figura no actuará de forma aislada. Su actividad se integrará dentro de un sistema coordinado con los Agentes de Medio Ambiente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de vigilancia de la Junta. Esto permitirá una acción conjunta más eficaz frente a delitos medioambientales y reforzará la gestión sostenible del medio natural.
Además, la normativa contempla un régimen transitorio para los actuales guardas de coto habilitados antes del 31 de diciembre de 2024, que podrán continuar desarrollando sus funciones hasta el final de su vida laboral. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio sin generar vacíos legales ni perjuicios para los profesionales en activo.
Un paso hacia la profesionalización del sector cinegético
La Junta de Andalucía subraya que esta orden forma parte de una estrategia más amplia para integrar la caza dentro de las políticas de conservación, asegurando su compatibilidad con los objetivos de sostenibilidad. El Gobierno andaluz destaca la importancia de contar con personal cualificado, que combine conocimiento técnico y compromiso con la defensa del entorno natural.
El nuevo modelo busca no solo proteger mejor los ecosistemas, sino también dignificar la labor de quienes velan por ellos, dotándoles de reconocimiento, respaldo normativo y formación específica. En palabras del propio Ejecutivo andaluz, se trata de «dar respuesta a una demanda creciente del sector, de los gestores del territorio y de la ciudadanía».