Los grandes incendios forestales son cada vez más extensos y difíciles de combatir en España. Entre 2010 y 2023, los fuegos que superaron las 500 hectáreas alcanzaron un tamaño medio de 2.246 hectáreas, un 36 % más que durante la década anterior, según los datos oficiales analizados por la Fundación Artemisan.
La entidad acaba de presentar el informe La nueva realidad de los incendios forestales en España, más allá de la extinción: prevención y gestión del territorio. El documento estudia cómo ha evolucionado el problema y plantea 15 medidas destinadas a preparar el medio rural antes de que se declare un incendio.
Aunque los grandes incendios representan una pequeña parte del número total de fuegos, son los responsables de buena parte de la superficie forestal arrasada. Su tamaño medio se ha duplicado respecto a los años setenta y sus consecuencias afectan tanto a la biodiversidad como a la agricultura, la ganadería, la economía rural, las infraestructuras, la salud y la calidad del agua y del aire.
El abandono del monte alimenta los grandes incendios
El estudio identifica varios factores que, al actuar conjuntamente, han aumentado la vulnerabilidad del territorio. Entre ellos figuran el abandono de los usos tradicionales, la falta de gestión forestal, la acumulación de vegetación y la continuidad de grandes masas forestales, además de unas condiciones meteorológicas extremas que favorecen la rápida propagación de las llamas.
Esta combinación facilita la aparición de incendios de enorme intensidad, capaces incluso de modificar las condiciones atmosféricas de su entorno, generar focos secundarios a varios kilómetros y pasar en poco tiempo de quemar vegetación superficial a avanzar por las copas de los árboles.
Ante esta nueva realidad, Artemisan sostiene que los medios de extinción continúan siendo imprescindibles, pero advierte de que concentrar todos los esfuerzos en apagar el fuego cuando ya se ha declarado resulta insuficiente. Un monte gestionado previamente reduce la cantidad y continuidad del combustible y ofrece mejores oportunidades para que los equipos puedan trabajar con seguridad.
Grandes áreas rodeadas por franjas preventivas
Una de las principales novedades del informe es la creación de Unidades de Protección Perimetral (UPP). Se trataría de áreas de entre 3.000 y 5.000 hectáreas delimitadas por franjas preventivas de aproximadamente 200 metros de anchura.
Estas franjas se apoyarían preferentemente en elementos ya existentes, como carreteras, caminos, ríos o líneas eléctricas. El objetivo es compartimentar las grandes masas forestales para frenar la propagación del fuego y evitar que un incendio pueda avanzar sin encontrar zonas desde las que combatirlo.
Las dimensiones y características de cada unidad deberían adaptarse al tipo de hábitat, el relieve, las infraestructuras disponibles y el modelo de aprovechamiento existente. No sería, por tanto, una división idéntica para todo el territorio, sino una herramienta diseñada conforme a las particularidades de cada comarca.
La caza y la ganadería como parte de la prevención
Junto a estas unidades, la fundación plantea otras 14 medidas. Entre ellas se encuentran situar la prevención como una prioridad nacional, mejorar la coordinación entre administraciones, reducir las trabas burocráticas y apoyar a propietarios y gestores que mantienen activo el territorio.
El documento también reclama impulsar la economía forestal, ejecutar los planes de ordenación, aprovechar los productos del monte y fomentar paisajes en los que convivan diferentes actividades y tipos de vegetación. La innovación tecnológica, la protección de las zonas urbanas próximas al monte y la restauración de las áreas quemadas completan parte de esta hoja de ruta.
Dentro de ese modelo, Artemisan otorga un papel destacado a la ganadería extensiva, la actividad cinegética y los aprovechamientos tradicionales. Estas actividades generan presencia humana, mantienen caminos e infraestructuras y contribuyen a reducir la biomasa que, sin gestión, termina convertida en combustible.
La entidad también plantea establecer restricciones de acceso y uso del medio natural cuando los índices oficiales indiquen un peligro de incendio muy alto o extremo. Sin embargo, el fondo de su propuesta va más allá de las prohibiciones puntuales: recuperar un territorio trabajado, habitado y aprovechado durante todo el año.
El informe apuesta así por abandonar la visión que enfrenta la conservación de la naturaleza con la actividad económica del campo. Para Artemisan, producir, conservar y prevenir incendios deben formar parte de una misma estrategia, porque dejar el monte sin aprovechamientos no significa protegerlo, especialmente cuando la vegetación acumulada puede alimentar incendios cada vez mayores.
A modo de resumen, podemos enumerar según la información facilitada por Fundación Artemisan, estas 15 propuestas que recoge el informe:
- Crear Unidades de Protección Perimetral (UPP) de entre 3.000 y 5.000 hectáreas, delimitadas por franjas preventivas de unos 200 metros.
- Situar la prevención de incendios como una prioridad estratégica.
- Mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las barreras administrativas.
- Convertir la prevención en una verdadera política de defensa frente a los incendios forestales.
- Impulsar una economía forestal activa como herramienta preventiva.
- Fomentar la ganadería extensiva y los usos tradicionales del monte, incluida la actividad cinegética.
- Reforzar la gestión forestal activa para reducir la acumulación y continuidad del combustible vegetal.
- Desarrollar paisajes multifuncionales, con distintos usos y tipos de vegetación.
- Ejecutar de forma efectiva los Planes de Ordenación Forestal.
- Apoyar a los propietarios forestales para que puedan gestionar y mantener sus terrenos.
- Favorecer la valorización y comercialización de los productos forestales.
- Proteger especialmente las zonas de contacto entre el monte y los núcleos habitados, conocidas como interfaz urbano-forestal.
- Aumentar la inversión en innovación y tecnología aplicada a la prevención y gestión de incendios.
- Mejorar la restauración del territorio después de los incendios.
- Establecer restricciones de acceso y determinadas actividades en el medio natural cuando los índices oficiales indiquen un peligro de incendio muy alto o extremo.