El Gobierno de España ha confirmado a la RFEC que el 3 de septiembre va a votar a favor de la modificación del Reglamento REACH que afecta al uso y tenencia de plomo en humedales, resaltando que el plomo «contamina» y «hay alternativas como el acero o el bismuto». Según la RFEC, lo hace sin dar una explicación de por qué tiene previsto dar su voto favorable a la modificación «de un reglamento que vulnera derechos fundamentales, que catalogaría cualquier charco como humedal y que, al estar dotado de una gran inseguridad jurídica, sería de muy difícil aplicación en nuestro país».
La Real Federación Española de Caza ha vuelto a trasmitir al Ministerio de Sanidad su disconformidad con la decisión adoptada, ya que, aunque esta entidad está a favor de limitar el uso del plomo en humedales, también cree que estas medidas deben ser proporcionales al riesgo, pragmáticas y comprensibles para los cazadores y los agentes de la autoridad, por lo que el Gobierno no puede votar a favor de un reglamento «ilegal» y debe plantear a la Comisión Europea las alegaciones propuestas por el sector.
La oposición apoya a los cazadores españoles
El presidente federativo, Ignacio Valle, sigue esperando una explicación convincente del Gobierno argumentando su voto a favor, ya que, «hasta la fecha ni nos ha recibido ni nos ha dado un solo motivo por el que va a votar a favor de esta modificación. Los cazadores también estamos a favor de limitar el plomo en humedales, pero la cuestión es que va a votar a favor de un reglamento que vulnera derechos fundamentales y no define humedal, por lo que esperamos que entre en consideración y plantee a la CE nuestras alegaciones». Junto a esta petición, la RFEC ha trasmitido esta problemática al resto de formaciones políticas.
Dada la gravedad del caso y las implicaciones para los derechos fundamentales de los cazadores, las diputadas Milagros Marcos, Marta González y Carmen Navarro, del Grupo Parlamentario Popular, han solicitado a Transición Ecológica y Agricultura todos los informes relacionados con la modificación del Reglamento REACH, así como las actas de las reuniones con los Gobiernos autonómicos y las actas de los Órganos Consultivos o Consejos Sectoriales en los que se ha recabado la posición de los Gobiernos autonómicos con carácter previo a la toma de posición del Gobierno central.