El Gobierno de España ha reconocido oficialmente que la caza correctamente regulada puede desempeñar un papel importante en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo de las comunidades locales. Lo hace en la revisión del Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de agosto.
El documento, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resulta especialmente significativo para el sector cinegético porque establece una clara separación entre el furtivismo y el aprovechamiento legal y sostenible de la fauna. Más aún: sitúa determinadas formas de caza correctamente gestionadas entre las herramientas que pueden contribuir precisamente a combatir el tráfico ilegal y el furtivismo en los países de origen.
El Plan lo expresa de manera inequívoca. Tras afirmar que «la utilización sostenible de la vida silvestre puede ser compatible con la conservación y contribuir a ésta», señala que «la caza regulada correctamente, como forma de utilización sostenible de la fauna silvestre», ha sido reconocida por la Comisión Europea y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como «una herramienta de conservación importante».
Según recoge el propio documento, este modelo puede beneficiar no solo a la conservación de la biodiversidad, sino también al desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y, por esa razón, puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para luchar contra el tráfico y el furtivismo en los países donde viven las especies afectadas.
Apoyo económico a concesiones de caza certificadas
El reconocimiento no se limita a una declaración de principios. Entre las medidas concretas del nuevo Plan TIFIES figura la cooperación con terceros países para proporcionar apoyo e incentivos económicos a iniciativas desarrolladas en áreas de manejo de vida silvestre, reservas comunitarias y concesiones de caza certificadas que apliquen buenas prácticas de gestión.
El Gobierno contempla además incluir las iniciativas y proyectos previstos en el Plan entre las prioridades de financiación de los programas de ayuda al desarrollo e identificar mecanismos de financiación, incluidos fondos vinculados a la cooperación internacional, para proyectos desarrollados en reservas comunitarias y concesiones cinegéticas certificadas.
El respaldo puede ir incluso más allá. El documento plantea actuaciones de cooperación para formar y capacitar a los equipos encargados de gestionar y vigilar parques, reservas, áreas comunitarias y concesiones de caza certificadas. También prevé, cuando resulte necesario, contribuir con medios destinados a mejorar la vigilancia, como infraestructuras, vehículos, cámaras o cercados.
El objetivo que plantea el Gobierno es que las comunidades que conviven directamente con la fauna obtengan beneficios por conservarla y dispongan de alternativas económicas frente al aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. El Plan dedica especial atención a territorios de África subsahariana en los que la convivencia con grandes especies silvestres puede generar daños sobre cultivos y ganado e incluso riesgos para la seguridad de las personas.
La caza de trofeos «bien gestionada», entre las fuentes de ingresos sostenibles
El documento contiene otra referencia especialmente significativa. Al analizar las consecuencias del tráfico ilegal y el furtivismo sobre las comunidades locales, señala que estas actividades pueden privarlas de formas legales y sostenibles de obtener ingresos. Entre esas alternativas, el Gobierno incluye expresamente el turismo de naturaleza, la gestión forestal sostenible, el comercio sostenible de especies silvestres y «la caza de trofeos bien gestionada».
El Plan recuerda además el peso que tiene España dentro de este mercado internacional. Según recoge el texto, la Unión Europea desempeña un papel importante en el comercio mundial de trofeos de caza y España es uno de los países que mayor número de trofeos importa del exterior.
La filosofía que atraviesa esta parte del documento es que conservar la fauna debe aportar también beneficios a las poblaciones que soportan directamente los costes derivados de convivir con ella. Por eso, el Plan defiende que estas comunidades se conviertan en actores principales de la conservación y que sus iniciativas de desarrollo socioeconómico puedan girar alrededor del aprovechamiento sostenible de la vida silvestre.
Las importaciones de trofeos podrían endurecerse
Ese respaldo a la caza sostenible tiene, sin embargo, otra cara que afectará especialmente a los cazadores españoles que viajan al extranjero. El nuevo Plan dibuja un escenario en el que previsiblemente cobrarán mayor importancia las garantías sobre el origen y la gestión del coto del que procede cada trofeo.
El Gobierno prevé establecer un «sistema de incentivos y de certificación» para las comunidades de conservación y las concesiones de caza de los países de origen que cumplan las recomendaciones sobre mejores prácticas elaboradas por instituciones reconocidas y las exigencias del convenio CITES. También anuncia expresamente la promoción de «programas de caza certificados con buenas prácticas».
Esta nueva vía de certificación puede terminar teniendo especial relevancia a la hora de acreditar que un trofeo procede de una actividad cinegética sostenible y correctamente gestionada. El Plan no establece, al menos por ahora, que un trofeo procedente de una concesión que carezca de esa certificación vaya a ser automáticamente rechazado en España, pero sí apunta hacia un sistema en el que la trazabilidad, las buenas prácticas y los beneficios demostrables para la conservación y las comunidades locales tendrán previsiblemente un peso creciente.
De hecho, el documento anuncia que se examinarán posibles deficiencias en la aplicación de la normativa para corregirlas y hacer cumplir de manera más eficaz las reglas existentes. Cita expresamente las importaciones y exportaciones de trofeos de determinadas especies incluidas en CITES, que deben reunir condiciones que garanticen que su extracción no perjudica a la especie o población afectada y que proporciona beneficios tanto para ellas como para las comunidades locales.
Por tanto, el Plan no introduce por sí solo una nueva prohibición general ni modifica automáticamente los permisos actualmente necesarios para importar trofeos. Sí establece, sin embargo, las bases para que la calidad de la gestión cinegética en la concesión de origen pueda adquirir mayor importancia dentro del sistema de garantías exigido al comercio internacional de estos ejemplares.
Además, contempla labores de difusión y concienciación específicamente dirigidas al sector cinegético para fomentar buenas prácticas y garantizar que la importación y exportación de trofeos no cause perjuicios a las poblaciones afectadas y resulte beneficiosa para las especies y las comunidades locales.
La caza como alternativa frente al furtivismo
Todo ello forma parte de una estrategia mucho más amplia contra un negocio ilegal que el Gobierno considera una de las grandes amenazas internacionales para la biodiversidad. El Plan señala que el tráfico y el furtivismo de especies silvestres se encuentran en algunos casos vinculados con redes de delincuencia organizada, corrupción, tráfico de drogas y armas e incluso con la financiación de milicias en determinadas regiones de África.
Precisamente en ese contexto cobra especial importancia la distinción realizada por el documento entre el aprovechamiento legal de la fauna y el furtivismo. El Plan no presenta la caza regulada como parte del problema, sino que reconoce que, cuando está correctamente gestionada y genera incentivos económicos para conservar las poblaciones animales y sus hábitats, puede formar parte de la solución.
La revisión del Plan TIFIES establece así una doble línea para los próximos años: apoyar y promover los aprovechamientos cinegéticos certificados que contribuyan a conservar la fauna y beneficiar a las comunidades locales, mientras se refuerzan las garantías y controles destinados a asegurar que el comercio internacional de trofeos procede realmente de una caza sostenible.