El Gobierno prepara en estos momentos una estadística sobre perros de caza abandonados, según reconocía hace unos días a Newtral el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres. El autor del anteproyecto de Ley de Protección Animal y Derechos de los Animales que ha sido considerado una auténtica chapuza por el colectivo de veterinarios y que ha puesto de acuerdo a casi mil científicos españoles para pedir su retirada, no ceja en su empeño de atacar a la actividad cinegética.
Garcia Torres es un animalista radical sin estudios superiores ni especializados en animales colocado a dedo por Pablo Iglesias y declaradamente anticaza. Por eso, gran parte del presupuesto de su dirección general, cuyo gasto se ha disparado a más de 6 millones de euros en 2022, se destina a tratar de atacar a los cazadores bajo el paraguas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al que pertenece. Su escasa formación y su exceso de fanatismo ideológico están presentes en su cruzada anticaza. Ya lo vimos hace unos meses, cuando creó un formulario de Google para recabar datos de perros de caza abandonados. Una chapuza que además podría constituir un delito contra los cazadores, motivo por el cual Fundación Artemisan lo llevó a un proceso judicial en el que actualmente se encuentra inmerso. El objetivo de esta medida no era otro que hacer oficial la mentira que la asociaciones animalistas repiten cada año, según la cual en febrero se abandonan 50.000 galgos, algo que nunca han podido demostrar.
Ahora, García Torres ha puesto a trabajar a su Dirección General en esa estadística que adelantaba a Newtral, pero su modus operandi sigue dejando mucho que desear. Según ha podido saber Jara y Sedal gracias a la filtración de una protectora que ha publicado la página de Facebook Lo que los animalistas esconden y sus seguidores ignoran, el propio Sergio García ha enviado mensajes privados a diferentes entidades de protección animal desde sus redes sociales personales para elaborar esta estadística. En el mensaje al que hemos tenido acceso, García Torres indica: «Si puedes, mándame registro de todos los que has tenido este año (perros de caza). Aquí porfa: sgarciat@vpsocial.gob.es Fotos, nombre y número de animales… Quiero enseñarle esto a los cazadores y a los que intentan que no cambiemos las leyes».
Una estadística sin ningún tipo de rigor
La persona que está al frente de esta protectora (y cuyo anonimato vamos a preservar) asegura que este mensaje fue enviado a más protectoras y que solo estas serían la única fuente de datos. Y cuestiona la veracidad de esas cifras: «Yo puedo poner 5, como puedo poner 50, como puedo poner 500». Y añade que, para que la estadística fuera correcta, «debería hacerla el Seprona, acudiendo protectora por protectora para ver qué galgos están recogidos y cuáles robados».
De seguir adelante esta iniciativa, cualquier acción coordinada o no de animalistas que decidan realizar una campaña de datos falsos para engrosar la lista de supuestos perros de caza abandonados no será detectada y los datos fraudulentos serán contabilizados como buenos. De esta manera, Sergio García Torres habrá conseguido hacer oficial una cifra que podría ser falsa, y que no distingue entre perros perdidos, perros robados y perros realmente abandonados. Tampoco aclarará si los dueños eran cazadores, pero su resultado sí servirá para criminalizar al colectivo.
No hay que olvidar que los robos de galgos son un grave problema y que es muy habitual que estos aparezcan en protectoras animales que los ofrecen en adopción sin que sus dueños legítimos hayan sido avisados, a pesar de contar con microchip. Una situación que nos recuerda a la vivida recientemente en Andalucía con la protectora Galgos del Sur, que fue tomada por la Guardia Civil por un caso similar hace solo tres semanas.
Un nuevo sistema de recuento sin ninguna garantía
Como decíamos antes, el hecho de tratar de conseguir datos de perros de caza abandonados sin ningún rigor no es nada nuevo. A principios de 2021 la Dirección General de los Derechos de los Animales publicaba un formulario de Google repleto de imprecisiones y creado por la asociación animalista APA MAS VIDA con el mismo fin. Además, el formulario no incluía ninguno de los requerimientos que exige la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, algo que fue denunciado por Jara y Sedal, y que obligó a la chapucera dirección general a rectificar.
Para comprobar el rigor de los datos recopilados, el equipo de Jara y Sedal grabó entonces un vídeo demostrando lo sencillo que resultaba mentir y aportar datos falsos. En el vídeo se puede ver perfectamente cómo cualquier persona que lo desee podría registrar tantos datos y perros como quiera, puesto que no hay ningún tipo de control de la veracidad de los datos aportados.
Este documentos sigue abierto, por lo que aún puede ser rellenado por todo aquel que lo desee con tantos datos falsos como quiera.