El Gobierno de Pedro Sánchez, que en 2021 forzó la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), ha destinado ahora casi 20.000 euros a una empresa privada para controlar la población de palomas en el Palacio de la Moncloa.
La paradoja es evidente. Mientras se prohíbe a los ganaderos controlar a los depredadores que atacan sus rebaños y le causan un grave transtorno económico y emocional, desde el Gobierno no se duda en destinar recursos para acabar con los animales que resultan molestos en las instalaciones presidenciales. Una contradicción que, además, va en contra de las políticas de control de fauna que se están aplicando en otros países europeos, donde el lobo sí se controla adecuadamente, al igual que sucedía en España hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.
Casi 20.000 euros para una empresa privada por el trabajo
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, puso en marcha este contrato en 2024 tras constatar que existe una sobrepoblación de palomas en el recinto del Palacio de la Moncloa. Según justifican desde el propio Ministerio, las aves «no solo causan daños en los edificios, sino que también representan un posible riesgo sanitario».
El contrato tiene un valor estimado de 14.990,45 euros sin IVA, lo que supera los 18.000 euros con impuestos incluidos. Este servicio de control de palomas se llevará a cabo principalmente mediante el uso de aves rapaces, un método que busca disuadir a las palomas de asentarse en la zona.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Moncloa recurre a este tipo de servicios. Ya en 2021 se adjudicó un contrato similar, con un coste inicial de 18.000 euros que, tras una prórroga, ascendió a 36.000 euros.
Para esta nueva licitación han concurrido cuatro empresas con ofertas económicas que oscilan entre los 13.480 y los 8.994 euros. No obstante, esta última oferta, por ser significativamente baja, ha sido clasificada como «baja temeraria» y deberá demostrar su viabilidad antes de ser adjudicada.
Desde Moncloa explican que la duración del contrato será de un año y que esta medida responde a la fluctuación en la población de palomas en el complejo presidencial. En palabras del Ministerio, «la variabilidad en la población de palomas y el trabajo desempeñado mediante estos contratos hacen conveniente establecer una duración de un año».
Una política impuesta contra los ganaderos
Mientras el Gobierno destina miles de euros para controlar palomas, su política hacia los ganaderos ha sido completamente diferente. En 2021, el Ejecutivo de Sánchez logró incluir al lobo ibérico en el LESPRE gracias al voto de comunidades autónomas donde el lobo no está presente, como Canarias o Ceuta. Esta maniobra provocó un profundo malestar entre las regiones más afectadas por la presencia del depredador, como Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que alertaron de las graves consecuencias para los ganaderos.
La inclusión del lobo en el LESPRE prohíbe la caza de esta especie en todo el territorio nacional, impidiendo a los ganaderos controlar las manadas que atacan sus explotaciones. Esto ha llevado a un aumento de los ataques al ganado, con pérdidas económicas millonarias y una creciente sensación de abandono en el mundo rural.
Frente a esta política, otros países europeos han adoptado medidas completamente opuestas. Por ejemplo, Suecia acaba de anunciar un plan para cazar 375 lobos, casi el 50 % de su población total, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la presencia del depredador y las actividades humanas. En este sentido, España se encuentra en una posición contraria a la de muchos de sus socios europeos, donde el control de la fauna salvaje sigue siendo una prioridad para proteger los intereses de los sectores afectados.
Cuando los animales molestan a Moncloa, el control es inmediato
La paradoja que plantean estas decisiones es difícil de obviar. Cuando se trata de animales que afectan al Palacio de la Moncloa, como las palomas, el Gobierno no escatima en recursos para resolver el problema. Sin embargo, cuando los afectados son los ganaderos, las prioridades parecen ser otras.
El caso del contrato para controlar palomas en Moncloa es un ejemplo más de las decisiones contradictorias que han caracterizado la gestión del Gobierno en materia de fauna. Mientras en el resto de países europeos se adoptan medidas de control específicas para cada situación, en España se impone una política de protección absoluta para el depredador, incluso cuando ello supone un perjuicio evidente para sectores como el ganadero.