El Gobierno prevé una subida de 1.500 millones de euros en impuestos amparándose en que son medidas inevitables para «fomentar la protección del medio ambiente y los hábitos saludables». Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, este proyecto de ley de residuos y suelos contaminados irá hacia adelante. Éste restringe los plásticos de un solo uso así como la introducción en el mercado de ciertos productos e incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos con el fin de recaudar la citada cifra.
Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de ley, que será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación, incluye nuevas obligaciones a los productores de cara a la información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje de distintos flujos de residuos de aquí a los próximos años e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes restos municipales como el textil o los biorresiduos con un calendario de implantación.
El proyecto consta de 118 artículos entre los que se incorpora un impuesto al vertido y a la incineración, para «reducir al máximo» estos tratamientos y apostar por la prevención, la reutilización y el reciclado. La futura ley sustituirá a la actual ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y transpone a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en materia de residuos, del Paquete de Economía Circular y de la directiva de plásticos de un solo uso.
La propuesta recoge las limitaciones europeas a los productos de plástico de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables para «avanzar en la prevención», que se fija en 0,45 euros el kilo. Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 por ciento en 2026 con respecto a 2022 y un 70 por ciento para 2030 con respecto al mismo año. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
A partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita y se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.
En concreto, el texto busca incorporar el principio de que ‘quien contamina paga’ a la legislación española.
IVA de bebidas azucaradas, impuesto sobre plásticos y otros
El Mundo en su edición digital detalla este miércoles que, en concreto, se trata de 340 millones del incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas; 491 millones más a través del Impuesto sobre los Plásticos de un solo uso y otros 654 millones con la figura que grava la Incineración, Coincineración y el Depósito de residuos en vertedero.
Además, el Ministerio de Hacienda quiere introducir también un incremento en la figura que grava el diésel y elevar el impuesto de matriculación para aquellos vehículos más contaminantes. Esta «revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante» supondrá una subida de impuestos adicional de 450 millones, según se recoge en el Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
A partir de 2024 ir al coto podría también costarte dinero (además del combustible)
A partir de 2024, ir al coto podría costarte dinero (aparte del combustible). Así se conoció hace unos días después de que el Gobierno baraje 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de estas vías: «Quien contamina paga» y «el que usa paga». Estos son los detalles.