Nos encontramos en una de las mayores crisis sanitarias de la historia de nuestro país. Al dolor de las decenas de miles de muertos provocadas por el coronavirus, se suma la paralización de la economía como consecuencia del confinamiento que estamos sufriendo.
Según todos los expertos, la crisis económica a la que nos aproximamos será una de las peores que se recuerdan, con una tasa de paro que, posiblemente, llegue a niveles del 20%. En este contexto, el sector primario –y los agricultores en concreto– representan un sector esencial para mantener el suministro de alimentos a la población.
Uno de los problemas a los que actualmente se enfrenta este colectivo a la hora de sacar adelante esta labor, es el de los daños que algunas especies de fauna silvestre provocan en sus cultivos, como es el caso de los conejos o de los jabalíes. Esta situación, provocada por la paralización de la caza, ya ha comenzado a enmendarse después de que el Ministerio de Agricultura Pesca y Medio Ambiente haya invitado a las comunidades a permitir que los cazadores ayuden a controlar las poblaciones de especies cinegéticas. Muchas de ellas, ya han empezado a aprobar autorizaciones especiales para este fin.
Y en medio de este clima de incertidumbre económica, el Gobierno ha hecho pública una subvención pública de más de medio millón de euros para que los ecologistas investiguen cómo prevenir estos daños, tal y como ha dado a conocer la organización ecologista WWF en una nota de prensa a los medios.
547.512 euros para que los ecologistas «investiguen»
La nota de prensa de WWF anuncia el nacimiento de un proyecto llamado PreveCo, liderado por la propia organización ecologista, con un presupuesto total de 547.512,05€. Estas ayudas se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, y las ayudas han sido convocadas por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA).
Su objetivo es que finalice en julio de 2021 «con la publicación de unas recomendaciones generales de los métodos más adecuados para la prevención de daños en cada situación».
Según WWF, el hecho de autorizar su caza «provoca cierta polémica» y «se desconoce su eficacia real y la rentabilidad de su aplicación, así como el posible efecto que tiene sobre el medio ambiente y el propio conejo».
Por este motivo, pretenden investigar con otros «sistemas tradicionales que han caído en desuso, que irán acompañados de otra serie de medidas de reciente aplicación».
Lo declaran especie en peligro… al tiempo que reconocen que sus daños van a más
WWF ha trabajado durante años para que el conejo sea incluido como especie «en peligro» en la lista de la UICN y así tener más acceso a líneas de subvenciones públicas.
Después de haberlo logrado hace unos meses, ahora reconoce que «el fenómeno de los daños producidos por el conejo se ha extendido a una parte importante de la Península Ibérica afectando gravemente y de forma generalizada a diversas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Navarra, Madrid, Cataluña, Valencia y La Rioja. Tanto es así que, según los datos de siniestralidad de Agroseguro, el conejo es la especie silvestre que genera una mayor siniestralidad, representando más del 40% de los pagos y afectando a una superficie media de 41.000 hectáreas anuales».