El Gobierno acaba de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso. Se trata del presupuesto de mayor gasto público de la historia de España, que ha venido acompañado por una fuerte polémica. Al desigual reparto que sufren las comunidades autónomas se unen otros factores que afectan especialmente al mundo rural. Uno de ellos es el importante incremento de dinero público que el Gobierno ha asignado a la Dirección General de Derechos de los Animales, la cual ha disfrutado durante 2021 de una asignación de 4,597 millones de euros y que para 2022 aumenta un 32,26%.
Concretamente, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha otorgado 6.080.610 euros al organismo que dirige el radical animalista Sergio García Torres, un activista de redes sociales procedente de los círculos animalistas de Unidas Podemos colocado a dedo que no tiene ningún tipo de formación superior ni experiencia en la Administración pública. Prueba de ello es el reciente Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales presentado por el organismo que dirige, el cual está plagado de errores y contradicciones normativas que ya han sido denunciadas por los propios veterinarios y por la comunidad científica y que pone en riesgo la conservación de la biodiversidad e importantes sectores del mundo rural. Pero eso no ha supuesto un problema para que el Gobierno le encomiende la gestión de ese descomunal presupuesto, cuyo aumento será sufragado a través del IRPF de todos los contribuyentes.
¿En qué se van a gastar los más de 6 millones de euros?
Al igual que sucediera el año pasado, el presupuesto asignado a la Dirección General de los Derechos de los Animales en su mayoría irá destinado a subvencionar grupos animalistas y a hacer propaganda ideológica, especialmente en los colegios tal y como se desprende del presupuesto público presentado. El texto afirma explícitamente que «se establece una campaña con el objetivo de sensibilizar a los niños en edad escolar sobre la importancia de los derechos de los animales, consistente en la generación de material didáctico multiplatafora para la difusión en centros escolares».
Además, pretende llevar a cabo ideas tan peregrinas como ofrecer un «servicio veterinario para familias en riesgo de exclusión social» que ofrezca atención de «urgencia, esterilización e identificación» para sus mascotas «en todo el territorio nacional». Ni una sola referencia de ese servicio a ganaderos u otro tipo de ciudadanos que también requieran de su asistencia.
Otras de las medidas anunciadas son:
- Impulso de mejoras en sistemas de identificación de animales de compañía.
- Generación de conocimiento sobre integración de los animales en las sociedades, el impacto de las poblaciones de animales urbanos y los programas de educación en tenencia responsable.
- Creación de un espacio de coordinación para las bases de datos de animales de compañía de las distintas Comunidades Autónomas. (DNI-Animal).
- Difusión de campañas publicitarias para la sensibilización sobre el abandono animal, elaboración de material didáctico y divulgativo en distintos formatos.
- Creación de premios que reconozcan los mejores programas municipales para la defensa de la protección animal.
- Creación de premios artísticos y divulgativos sobre la protección e integración animal.
- Desarrollo de la Unidad Técnica de Intervención de la Dirección General de Derechos de los Animales.
- Formación de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la materia.
- Creación de premios a las mejores iniciativas en experimentación alternativa a la realizada en animales.
- Creación de una plataforma formativa y una línea de atención telefónica ciudadana en materias de protección y relaciones con los animales.
- Establecimiento de líneas de subvención para entidades de protección animal y entidades locales en el desarrollo de programas de gestión de colonias felinas.