El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha vuelto a hacerlo. Este jueves ha anunciado a través de una nota de prensa la apertura del proceso de consulta pública de dos nuevos reales decretos sobre bienestar animal, pero, como ya ocurriera en junio, los textos no están disponibles en ningún sitio. En el propio portal del Ministerio puede leerse que «en estos momentos no hay ninguna consulta pública previa abierta».
El anuncio, que aparenta ser un paso más en el desarrollo de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, no viene acompañado de los documentos que permitirían a ciudadanos, organizaciones o profesionales del sector presentar alegaciones. En otras palabras: la consulta pública no existe más allá del titular.
Dos decretos clave para el futuro de los animales
Según explica la nota de prensa, uno de los textos servirá para desarrollar el Listado Positivo de Animales de Compañía, un instrumento que definirá qué especies podrán mantenerse en los hogares españoles. Este listado tendrá en cuenta factores como la peligrosidad, el riesgo de transmisión de enfermedades, el impacto sobre la biodiversidad o el propio bienestar del animal. En la práctica, podría suponer que muchas especies actualmente comunes en los domicilios dejen de poder tenerse legalmente.
El segundo real decreto establecerá las normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos, es decir, criaderos, refugios o agrupaciones de animales de compañía. Regulará las condiciones higiénico-sanitarias que deberán cumplir y actualizará una normativa estatal que data de 1975. Según el Ministerio, su objetivo es homogeneizar la regulación frente a las diferencias entre comunidades autónomas.
Transparencia inexistente
El problema, sin embargo, es que no hay manera de acceder a los textos anunciados. En la sección de participación pública del portal ministerial no figura ni un solo enlace, y el propio sitio indica expresamente que no existen consultas abiertas. El patrón se repite: en junio, el Ministerio protagonizó un episodio idéntico cuando anunció la exposición pública del reglamento general de la ley animalista… que tampoco aparecía publicado.
Este nuevo episodio alimenta la sensación de opacidad y falta de rigor con la que se están gestionando las normas derivadas de la Ley 7/2023. Una legislación que ya generó un amplio rechazo en el mundo rural por imponer criterios alejados de la realidad del campo y de quienes conviven a diario con los animales.
A falta de los textos, la supuesta consulta pública se queda en una simple declaración de intenciones. El Gobierno vuelve a anunciar un proceso participativo que, de momento, nadie puede consultar.