La actividad cinegética representa un motor económico y social de primer orden en Castilla-La Mancha. Según un estudio impulsado por la Junta de Comunidades con la colaboración de la Fundación Artemisan, la caza genera cada año 1.141 millones de euros de Producto Interior Bruto en la región y contribuye al mantenimiento de 21.080 puestos de trabajo, de los cuales 8.710 son empleos directos.
La presentación del informe tuvo lugar este martes en el antiguo almacén de trigo de San Pablo de Los Montes (Toledo). Al acto asistieron el presidente autonómico, Emiliano García-Page; el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, así como diversos representantes de instituciones y entidades vinculadas al sector.
A la caza le hacen daño quienes la atacan y quienes se quieren apropiar de ella
El jefe del Ejecutivo regional aseguró que la caza resulta perjudicada tanto por quienes «la demonizan para obtener réditos políticos» como por aquellos «que pretenden apropiarse de ella». «Se trata de un fenómeno social muy participado», señaló, comprometiéndose a respaldar este y futuros estudios sobre su impacto. García-Page defendió que «es un deber público combatir la desinformación y las opiniones sin fundamento» y prometió «seguir avanzando junto al sector».
El presidente recordó que la sostenibilidad del medio rural depende de que la vida en los pueblos sea también viable en términos económicos. «La mejor manera de mantener el arraigo en los municipios, de que convivan agricultura, medio ambiente y caza, es que resulte rentable residir en ellos», afirmó, subrayando además que servicios básicos como educación, sanidad y prestaciones sociales son imprescindibles para fijar población.
En su intervención destacó que «la caza forma parte de la identidad de esta tierra y de la manera de ser de nuestro país». Añadió que constituye «uno de los mecanismos más eficaces para conservar el ecosistema» y reiteró el compromiso del Gobierno regional con esta actividad.
Reinvertir parte de los ingresos regionales en el sector cinegético
El director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, explicó los principales datos del estudio y planteó que al menos un tercio de los ingresos regionales obtenidos por licencias y tasas debería destinarse a resolver los problemas actuales del sector, entre ellos la falta de relevo generacional o la crisis de la caza menor.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, incidió en que la caza no solo tiene un valor económico, sino también social y medioambiental. «Es una tradición que se ha transformado en un recurso útil para la gestión sostenible de especies sensibles», subrayó. «Forma parte de la custodia del territorio y no podemos concebirla sin la colaboración del sector», añadió, destacando la necesidad de mejorar su viabilidad futura.
Por su parte, la alcaldesa de San Pablo de Los Montes, Eva García, puso en valor la importancia del monte público para su municipio, con 6.000 hectáreas y cinco cotos de caza. Recalcó que la localidad constituye un ejemplo de cómo combinar la práctica cinegética con el deporte, la conservación de la naturaleza y el apoyo institucional.
El retorno fiscal de la caza
El estudio también resalta un retorno fiscal de 133,4 millones de euros anuales en IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades, además de 7,1 millones por licencias y tasas. Otro de los aspectos destacados es la aportación del turismo cinegético, que deja 61,5 millones de euros a la economía regional, ya que más de la mitad de los cazadores proceden de otras comunidades o países.
En el plano social, el 80 % de los empleos directos vinculados a la caza se generan en el medio rural, lo que contribuye al desarrollo sostenible y a frenar la despoblación. Más de la mitad de los cazadores residen en localidades de menos de 5.000 habitantes, y de ellos, un 63 % afirma que la caza es uno de los motivos para permanecer en el pueblo.
El informe recuerda, además, que la caza desempeña un papel esencial en el control de poblaciones de fauna silvestre. Solo en 2022, las especies cinegéticas provocaron 3.777 accidentes de tráfico en Castilla-La Mancha, la mayoría de ellos ocasionados por corzos y jabalíes. La sobreabundancia es especialmente notable en esta última especie, cuya población se ha duplicado en la última década, generando daños importantes en explotaciones agrícolas y ganaderas.
En el ámbito medioambiental, el 87 % del territorio castellanomanchego está catalogado como coto de caza, con 6,9 millones de hectáreas, y los cazadores invierten cada año 53 millones de euros en gestión y conservación. Este colectivo es, tras la Administración, el que más recursos dedica a estas labores.
Por último, dos de cada tres cotos aseguran contar con especies protegidas y participan en programas de conservación, lo que muestra la implicación del sector en la protección de la biodiversidad y del medio natural.