Por Fundación Artemisan
La Fundación Artemisan pide a las Comunidades Autónomas que eliminen las restricciones de movilidad para la actividad cinegética, una actividad que se ha demostrado esencial, algo que ya han reconocido muchas autonomías, y que tiene un riesgo de contagio prácticamente nulo gracias a los estrictos protocolos establecidos.
En este sentido, la Fundación recuerda que todas las actividades de ocio alrededor de la actividad cinegética han sido suspendidas. No se celebran desayunos ni comidas, la caza se practica en solitario, al aire libre y en prácticamente todas las comunidades autónomas se han establecido protocolos de seguridad.
La limitación de movimiento está suponiendo una caída en la actividad cinegética insostenible, que tendrá graves consecuencias medioambientales, económicas y sociales. Cabe recordar que en España se abaten cada año más de 800.000 piezas de caza mayor, que se convertirán directamente en 1,5 millones de piezas que se sumarán a las ya existentes si no se alivian las restricciones y se permite la actividad cinegética. Esto provocará densidades muy superiores a la capacidad de carga de cualquier territorio.
La sobrepoblación de especies se está sumando a la que ya se registró por el confinamiento, lo que provocará graves daños en la agricultura – actualmente se producen más de 1.000 siniestros agrícolas por fauna cinegética -, en la propia fauna y flora y se traducirá también en un aumento exponencial de accidentes de tráfico – en España se producen cerca de 10.000 accidentes de tráfico al año por jabalí y corzo-.
A ello se sumará la expansión de enfermedades zoonóticas por la interacción de jabalíes y ciervos, por su papel como reservorios de la tuberculosis, en la que el Gobierno invierte cada año 30 millones de euros para reducir su prevalencia, o la temida peste porcina africana, que podría entrar en el país justo en un momento en el que las poblaciones de jabalíes están disparadas.
Igualmente, la reducción de la actividad cinegética se está traduciendo en importantes pérdidas económicas para un sector que mantiene cada año entorno a 180.000 puestos de trabajo, especialmente en el mundo rural, que genera el 0,3 % del PIB español, más de 6.475 millones de euros al año, y que invierte más de 290 millones de euros al año en conservación.
Para Fundación Artemisan, que no se otorgue a la caza la misma flexibilidad que se ofrece para otras actividades del mundo agrario y forestal responde únicamente a criterios ideológicos y no a criterios sanitarios y está suponiendo, una vez más, el abandono de la España Rural por parte de todas las administraciones.