Los precintos empleados en la caza mayor están diseñados para garantizar que cada animal abatido corresponde a una autorización concreta. Sin embargo, distintas actuaciones desarrolladas en el Pirineo catalán han sacado a la luz un fraude basado en no colocar correctamente estas identificaciones para poder reutilizarlas y amparar nuevas capturas ilegales.
Este sistema, del que durante años se había hablado en determinados círculos relacionados con el furtivismo organizado, aparece documentado en investigaciones de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales, así como en resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Un precinto que nunca llega a cerrarse
Los precintos son etiquetas identificativas de plástico que acompañan a los permisos oficiales de caza mayor. Incorporan una brida de un solo uso y deben colocarse inmediatamente en el animal abatido, generalmente en una pata o en la cuerna, antes de iniciar su transporte.
Cada uno de ellos corresponde a una pieza autorizada. Una vez cerrado correctamente, no puede retirarse sin romperlo, por lo que permite controlar el origen del animal y acreditar su trazabilidad.
El fraude consiste en no colocar el precinto o dejarlo mal ajustado deliberadamente, de manera que pueda recuperarse y utilizarse de nuevo. Así, un único permiso puede servir aparentemente para justificar varios animales abatidos de forma ilegal.
El problema se agrava en los permisos abiertos, concedidos para un periodo y no para una jornada determinada. Según fuentes conocedoras de esta operativa, algunos precintos habrían llegado a ofrecerse por hasta 3.000 euros en circuitos clandestinos, permitiendo a terceras personas desplazarse con una identificación que daba apariencia de legalidad a su actividad.
Una red organizada en la Val d’Aran
Uno de los casos más relevantes fue investigado por los Agents de Miei Ambient d’Aran y los Agents Rurals. Las pesquisas permitieron descubrir una presunta red de furtivismo en la que personas de la zona proporcionaban permisos y apoyo logístico a individuos llegados desde distintos puntos de España.
El objetivo principal era el rebeco (Rupicapra pyrenaica), uno de los trofeos más apreciados del Pirineo. En una de las actuaciones se denunció a una persona de la zona por abatir un ciervo sin precinto y a otra llegada de fuera por matar una hembra de rebeco sin autorización.
Los agentes también localizaron dos trofeos ilegales. Según informó el Conselh Generau d’Aran, «uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal colocado, lo que habría podido permitir su manipulación y reutilización». Al grupo investigado, compuesto por seis personas, se le atribuyó el abatimiento de al menos 21 rebecos y tres ciervos desde 2017 en la Val d’Aran.
Nueve gamos transportados sin precintar
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ratificó las sanciones impuestas a cinco personas que abatieron nueve gamos en la Reserva Nacional de Alt Pallars-Aran pese a disponer únicamente de autorización para seis. Los animales fueron trasladados a una sala de despiece de Sort sin llevar colocados los precintos correspondientes. Tampoco se presentó en el momento de la descarga la documentación necesaria para demostrar su procedencia.
«La conducta objeto de sanción acaeció en las instalaciones donde se descargaron piezas de caza sin disponer de los precintos de plástico al tiempo de la descarga, ni tampoco fue aportada la documentación legal exigida, ni fue acreditada la trazabilidad», recoge la sentencia.
Los hechos ocurrieron un jueves de octubre, pasadas las 21:30 horas, cuando los nueve gamos llegaron en un remolque arrastrado por un todoterreno. El caso evidencia la importancia de colocar el precinto inmediatamente y de la forma establecida: no hacerlo impide conocer el origen real de los animales y abre la puerta a que un mismo permiso pueda utilizarse repetidamente.