El incendio que arrasó Las Peñas de Riglos (Huesca) durante el verano se ha convertido en el mayor desastre forestal de Aragón desde 1994, y ahora suma un nuevo frente: el judicial. La Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) ha formalizado su personación como acusación popular en las diligencias abiertas por el presunto delito de incendio forestal, un paso que la entidad comunicó en Zaragoza el 24 de octubre y que afecta directamente a decenas de sociedades de cazadores y a miles de federados que tenían sus cotos en la zona calcinada.
La decisión llega después de que representantes de FARCAZA se reunieran con las sociedades de cazadores federadas perjudicadas por el fuego. La federación sostiene que la magnitud de los daños, con un terreno de «valor ecológico y cinegético incalculable» reducido a cenizas, justifica que la entidad se implique de forma activa en el procedimiento penal, más allá de la condición de perjudicadas que ya ostentan muchas de sus sociedades locales.
Un incendio que marcó el peor verano de la historia reciente de Aragón
El fuego se originó el 10 de agosto en el entorno de Santa María de la Peña, dentro del término municipal de Las Peñas de Riglos, y no quedó extinguido hasta 34 días después. El Gobierno de Aragón dio por extinguido el incendio el 12 de septiembre, tras haberlo declarado controlado el 21 de agosto tres semanas antes. El balance oficial del Ejecutivo autonómico sitúa la superficie calcinada en torno a las 14.500 hectáreas dentro de un perímetro de unas 18.000, lo que lo convierte en el mayor de los cinco grandes incendios forestales que asolaron la comunidad durante una campaña que el propio Gobierno aragonés calificó de extraordinariamente dura y que, en conjunto, quemó 35.675 hectáreas forestales entre el 12 de junio y el 13 de septiembre. Para dimensionar la tragedia, ese incendio, él solo, representa casi la mitad de toda la superficie forestal arrasada en Aragón durante todo el verano.
El fuego obligó a evacuar a 1.046 vecinos de 19 núcleos de población de la provincia de Huesca, además de dos cámpines, y se cobró la vida del militar de la Unidad Militar de Emergencias Javier García Sancho, que participaba en las labores de extinción. El Gobierno de Aragón, que llegó a solicitar la declaración de zona gravemente afectada para seis municipios oscenses, se personó también como acusación particular en la causa, al considerar que se trataba del incendio más grave desde el de 1994.
Qué queda del monte para la caza y la fauna
Para cualquier titular de coto o cazador que conozca la sierra de San Juan de la Peña, el dato de hectáreas calcinadas se traduce en algo muy concreto: encames arrasados, zonas de querencia de corzo y jabalí reducidas a ceniza, y majanos y vegetación de ribera que tardarán años en volver a sostener población de conejo o perdiz.
El fuego llegó a amenazar el entorno del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, uno de los espacios de mayor valor natural del Pirineo oscense, lo que da idea del golpe que ha supuesto para la gestión cinegética de la zona. FARCAZA no ha difundido todavía una cuantificación técnica de cotos afectados, especies o infraestructuras cinegéticas dañadas, un dato que previsiblemente se incorporará al procedimiento judicial conforme avancen los peritajes.
Qué significa personarse como acusación popular
La acusación popular es una figura propia del proceso penal español que permite a cualquier ciudadano o entidad ejercer la acción penal sin necesidad de ser la parte directamente ofendida por el delito. El artículo 125 de la Constitución reconoce ese derecho y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles pueden ejercitarla con arreglo a la ley. En la práctica, permite a FARCAZA personarse en la causa, proponer diligencias de investigación, acceder a las actuaciones y formular peticiones procesales, con independencia de que las sociedades de cazadores afectadas puedan además actuar como perjudicadas directas si acreditan daños patrimoniales concretos en sus cotos. Formalizar la personación no equivale a que esté definitivamente admitida ni anticipa responsabilidad alguna: su alcance dependerá de la resolución del juzgado instructor, que es quien decide si la entidad acredita un interés legítimo en la causa.
El paso de FARCAZA no es inédito en el mundo cinegético federado: otras federaciones autonómicas han recurrido antes a la acusación popular para defender a sus sociedades, como ha hecho la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en causas por furtivismo contra cotos federados. Lo singular en este caso es la escala del siniestro y que, por primera vez, una federación de caza se persona en un procedimiento por un incendio forestal de esta magnitud en Aragón.
La investigación sobre el origen, todavía abierta
FARCAZA habla en su comunicado de una actuación «supuestamente» intencionada, una cautela que conviene mantener mientras la causa sigue su curso. El último informe de la Guardia Civil descarta un origen natural del fuego y apunta como causa probable la aplicación directa de una llama sobre combustible natural, según ha trascendido de la investigación judicial. Un joven de 28 años que trabajaba en las obras de acondicionamiento de la carretera A-132 fue detenido como presunto implicado, aunque la Audiencia Provincial de Huesca acordó después su libertad provisional. El propio tribunal ha señalado que el origen del incendio «tampoco estaba suficientemente justificada» a partir de un informe preliminar que calificó de «bastante escueto». Hasta que exista una resolución firme, rige la presunción de inocencia del investigado.
FARCAZA vincula su implicación judicial con el reconocimiento que recibió este año, cuando el Gobierno de Aragón concedió a la federación el Premio Aragón Medio Ambiente 2026 por su modelo de gestión cinegética orientado a la conservación de hábitats y especies. La entidad, que representa a más de 28.000 cazadores federados en la comunidad, ya había reaccionado a los incendios del verano con la puesta en marcha de una bolsa solidaria para ayudar a los federados cuyos cotos resultaron arrasados por las llamas.
Desde la federación se traslada además solidaridad a los municipios, vecinos y colectivos afectados tanto por el incendio de Peñas de Riglos como por el resto de fuegos sufridos en Aragón durante el verano, en una campaña que el Gobierno autonómico calificó como la peor desde que existen registros, con 244 siniestros y cinco grandes incendios forestales entre junio y septiembre. La causa judicial deberá determinar ahora, con las garantías procesales que exige cualquier investigación penal, qué ocurrió realmente en Santa María de la Peña y qué responsabilidades, si las hubiera, corresponden depurar.