La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha reclamado a la Junta de Andalucía que revise su colaboración con SEO/BirdLife y garantice que ningún euro público se destina a iniciativas que contribuyan a criminalizar a los cazadores. La petición, difundida este 16 de octubre, llega después de las últimas acciones de la organización ecologista y del análisis sobre sus subvenciones publicado por esta revista.
La entidad presidida por José María Mancheño sitúa el debate en el destino de los recursos públicos. «No cuestionamos el derecho de SEO/BirdLife a defender sus posiciones, pero sí cuestionamos que los andaluces tengan que financiar con sus impuestos iniciativas de una entidad que utiliza sus recursos y su capacidad de influencia para atacar a los cazadores», señala.
Una reclamación tras conocerse los 21,85 millones en subvenciones
El comunicado cita expresamente la investigación de Jara y Sedal y Cazaflix, que cifra en 21,85 millones de euros las subvenciones públicas concedidas a SEO/BirdLife entre febrero de 2022 y septiembre de 2026. De esa cantidad, 18,58 millones corresponden a organismos estatales, 2,8 millones a administraciones autonómicas y 0,47 millones a entidades locales.
Para la FAC, estas cifras justifican examinar la financiación pública de organizaciones que mantienen lo que considera una estrategia de confrontación con la actividad cinegética. Su reclamación consiste en revisar colaboraciones, convenios, proyectos y líneas de financiación vinculados a SEO/BirdLife para evitar que los recursos de los andaluces respalden actuaciones contra el colectivo.
La federación recuerda, además, que la Junta adquirió compromisos explícitos de defensa de la caza mediante la Agenda Andaluza por la Caza. Por ello, exige al Gobierno autonómico coherencia entre esos acuerdos y sus decisiones sobre financiación y colaboración institucional.
Los datos que los cazadores recogen sobre el terreno
La FAC acompaña su petición con una reivindicación del trabajo científico que desarrolla el sector. Frente a los mensajes que presentan a las organizaciones ecologistas como únicas garantes del conocimiento sobre biodiversidad, destaca la participación de miles de cazadores en proyectos de investigación, censos y seguimiento de poblaciones.
Entre ellos menciona COTURNIX, dedicado al estudio de la codorniz; el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea (PIRTE), y el Observatorio Cinegético. Según explica, estas iniciativas impulsadas por Fundación Artemisan, financiadas por Mutuasport y aplicadas en Andalucía por la federación permiten obtener información para mejorar la gestión de las especies. «Mientras algunos pretenden dar lecciones de conservación desde los despachos y las redes sociales, miles de cazadores están saliendo al campo, recogiendo datos, realizando censos, monitorizando poblaciones y aportando recursos para generar conocimiento científico que después permite tomar decisiones de gestión», destaca Mancheño.
La federación defiende que las políticas de conservación se apoyen en datos, gestión y colaboración entre los actores del medio rural. También pide a la Junta que reconozca la contribución de los cazadores al patrimonio natural andaluz. Su presidente resume así la reclamación: «Lo que pedimos es muy sencillo: que el dinero de los andaluces no se utilice para financiar a quienes trabajan contra los cazadores».