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La FAC reclama al PP que desarrolle la Agenda Andaluza por la Caza y dé prioridad a la caza menor y al silvestrismo

Silvestrismo. © Shutterstock

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha vuelto a sentarse con un grupo parlamentario para reclamar algo muy concreto: que los compromisos firmados sobre el papel se conviertan en normativa aplicable en el monte. El encuentro se celebró el 18 de noviembre en Sevilla con representantes del grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, y la federación trasladó un documento con medidas para desarrollar la Agenda Andaluza por la Caza, el pacto que Juanma Moreno firmó con el sector cinegético el 12 de mayo, en plena campaña electoral andaluza.

La reunión no es un gesto aislado. Forma parte de una ronda que la FAC inició hace semanas con los tres partidos cuyos líderes respaldaron la Agenda durante la campaña #LaCazaTambiénVota: PP, Vox y PSOE-A. Con el encuentro de Sevilla ya solo queda pendiente la cita con los socialistas andaluces para completar el recorrido. La federación plantea sus propuestas con un horizonte de ejecución hasta 2030 y pide que cada partido concrete plazos y actuaciones, no solo buenas intenciones.

Recuperar el silvestrismo y frenar el declive de la caza menor

De todo el documento, dos asuntos centran la exigencia inmediata de la federación. El primero es la recuperación del silvestrismo mediante, según defiende la FAC, un régimen de capturas diseñado con criterios de sostenibilidad. El segundo es la protección de la caza menor a través de medidas agroambientales que, en palabras de la propia federación, concilien rentabilidad agraria y conservación del hábitat, con el Gobierno andaluz como responsable de ponerlas en marcha.

© FAC

El silvestrismo es la modalidad centrada en la educación del canto de aves fringílidas como jilgueros, pardillos y verderones, y de sus híbridos con canarios, para que los ejemplares compitan en concursos oficiales que valoran la calidad de su melodía. Una cosa es la competición de canto, que sigue celebrándose con aves ya capturadas en su día, y otra muy distinta la captura de ejemplares del medio natural, que es lo que lleva años bloqueado. La captura de fringílidos está suspendida en toda España desde 2018, después de que la Comisión Europea concluyera que esta práctica no se ajustaba a los requisitos del artículo 9 de la Directiva de Aves, que exige demostrar que no existen alternativas como la cría en cautividad antes de autorizar excepciones de caza sobre especies protegidas. Andalucía fue una de las nueve comunidades autónomas señaladas entonces por Bruselas, y la propia Junta anunció el cese inmediato de los permisos de captura aquel mismo año.

Desde entonces la discusión se ha trasladado al terreno científico. La Junta de Andalucía impulsó un estudio, elaborado durante cinco años por la Universidad de Alcalá de Henares, que concluye que la cría en cautividad de fringílidos no resulta viable, un argumento que la FAC utiliza para sostener que ya no hay alternativa técnica a las capturas reguladas. La Comisión Europea, preguntada por si esos trabajos se ajustaban a la normativa comunitaria, respondió que la Directiva de Aves contempla expresamente excepciones «para fines de investigación» y que son los Estados miembros quienes deciden sobre esas autorizaciones, informando después a Bruselas. Eso no equivale, sin embargo, a una autorización para reanudar las capturas recreativas: la decisión final sigue en manos de la Junta y deberá superar el mismo filtro jurídico europeo que paralizó la actividad en 2018.

Bonificaciones fiscales para los cotos que invierten en el campo

El documento entregado al PP no se limita al silvestrismo. Incluye también medidas de apoyo a la caza como bonificaciones o exenciones fiscales en las tasas de matrícula para los titulares de cotos que ejecuten mejoras de hábitat con sus propios recursos o que colaboren en la prevención y extinción de incendios, además de planes de difusión y divulgación de la caza social impulsados por la Junta de Andalucía. Son propuestas, no medidas aprobadas: su aplicación dependerá de que la Administración las traduzca en una disposición normativa concreta, algo que todavía no ha ocurrido.

Estas peticiones encajan con los siete compromisos de la Agenda Andaluza por la Caza 2026-2030, un documento que, además del silvestrismo y la caza menor, incluye la consolidación de la socialización de la actividad, la defensa frente a intentos de prohibición como la restricción de la munición de plomo o las limitaciones a la caza de la codorniz, el fomento del papel de la mujer cazadora y el relevo generacional, y el compromiso de que la ciencia aplicada guíe las decisiones de gestión cinegética.

Quién estuvo en la mesa y qué queda por cerrar

Al encuentro de Sevilla asistieron, por parte del grupo parlamentario popular, José Ramón Carmona, secretario de la Mesa del Parlamento de Andalucía, y Francisco Manuel García, portavoz del PP en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, acompañados por otros parlamentarios de la formación, según detalla la propia federación. La cita llega después de que la FAC mantuviera semanas atrás una reunión equivalente con Vox, en la que trasladó las mismas dos prioridades de silvestrismo y caza menor al grupo parlamentario liderado en esa comisión por representantes de la formación, y entregó entonces un documento con propuestas similares. Con PP y Vox ya recibidos, el calendario comunicado por la federación deja pendiente únicamente el encuentro con el PSOE de Andalucía, el tercer partido cuyo máximo responsable respaldó la Agenda durante la campaña electoral. Hasta que esa reunión se celebre, la ronda política iniciada por la FAC no estará completa.

El peso de la FAC en el mapa cinegético andaluz

La Federación Andaluza de Caza se presenta como el mayor órgano de representación de los cazadores de la comunidad, con más de 90.000 federados según sus propias comunicaciones recientes, lo que la convierte en la segunda federación deportiva andaluza por número de licencias, solo por detrás del fútbol. Un informe de Deloitte para la Fundación Artemisan situó a Andalucía, con 87.737 licencias federativas al cierre de 2023, como la comunidad autónoma con más cazadores federados de España, por delante de la Comunidad Valenciana y Extremadura. Además de organizar las competiciones oficiales de la actividad en el territorio, la federación presta servicio técnico, jurídico, laboral y fiscal a sus federados y actúa como interlocutora del sector ante la Junta de Andalucía y los grupos parlamentarios.

Para el titular de un coto o el presidente de una sociedad de cazadores andaluza, lo que se dirime en estas reuniones no es un debate abstracto: de que el silvestrismo recupere un cauce legal depende que miles de aficionados puedan volver a practicar una modalidad tradicional sin exponerse a sanciones, y de que la Junta active ayudas reales para quien invierte en hábitat depende que el control de predadores y la gestión de la caza menor dejen de recaer solo en el bolsillo de las sociedades locales. La FAC ya ha entregado sus propuestas a dos de los tres partidos firmantes; el siguiente movimiento corresponde ahora al PSOE-A y, sobre todo, a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia para convertir estos planteamientos en órdenes, resoluciones o partidas presupuestarias concretas.

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