La gestión de la pesca recreativa en Baleares vuelve a situarse en el centro del debate tras las declaraciones de Antoni Grau, director general de Pesca del Govern. En una entrevista concedida recientemente, tal y como recoge el medio El Periódico de Ibiza, el responsable político advirtió que Bruselas ha endurecido el control sobre esta actividad, tradicional y muy arraigada en las islas, con medidas que podrían cambiar el panorama para miles de aficionados. Según señaló, la reforma del reglamento de control pesquero aprobada a finales de 2023 abre la puerta a una batería de restricciones y nuevas obligaciones.
Grau explicó que, del mismo modo que la pesca de arrastre ha sido objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de la Unión Europea, ahora el objetivo es trasladar esa vigilancia a quienes practican la pesca de recreo. «La reforma del reglamento de control pesquero que se aprobó a finales del 2023 prevé una cascada sucesiva de restricciones y, sobre todo, obligaciones. Sería importante intentar cambiar estas medidas en el Parlamento Europeo porque nos viene encima una gran problemática», advirtió.
La presión de Bruselas y el papel del Govern
El director general de Pesca subrayó que el interés comunitario en la actividad recreativa podría derivar en la obligación de declarar diariamente las capturas bajo un sistema de auditoría constante. «Desde Europa buscan que los pescadores declaren la pesca de cada día con una auditoría permanente como si fueran delincuentes», denunció. A su juicio, esta fórmula puede generar un fuerte malestar en el sector, que no se siente responsable de la sobreexplotación.
Grau insistió en que, aunque es necesaria una gestión responsable de los recursos marinos, las medidas deben aplicarse con «sensatez». «Lo que ha pasado con los profesionales, se quiere aplicar a los pescadores recreativos. Es esencial que los pescadores de recreo conozcan estas obligaciones para que actúen con sensatez porque todos tenemos que ser responsables ante esta situación para intentar frenar estas medidas», señaló.
Reservas marinas y futuro del sector
El debate también alcanza a la propuesta europea de que el 10 % de las aguas se destinen a reservas marinas integrales. Grau recordó que en Baleares solo un 3 % de las aguas interiores está bajo esa figura de protección y que el compromiso de llegar al 30 % corresponde al Estado, no al Govern ni a los consells insulares. «Las reservas integrales están muy bien si se tienen lejos, pero a nadie le gusta tener estos espacios cerca porque si esta reserva de protección máxima es pequeña, tienes alternativas pesqueras, pero si es grande no es tan fácil», puntualizó.
El responsable autonómico defendió, además, que la recuperación del atún rojo en el Mediterráneo se ha logrado sin necesidad de nuevas reservas, al tratarse de una especie pelágica que se regula con otros mecanismos. No obstante, reconoció que para especies ligadas al territorio es fundamental establecer áreas de protección que garanticen la continuidad de sus poblaciones.
Sanciones en Ibiza
Grau también reveló que durante el mes de julio se sancionó a cuatro restaurantes de Ibiza por utilizar pescado ilegal sin etiquetas de procedencia. En uno de los casos, los inspectores detectaron ejemplares con heridas de arpón y sin documentación que acreditara su trazabilidad. «El producto se inmovilizó y posteriormente se decomisó», explicó.
Tras estas actuaciones, el conseller de Pesca, Joan Simonet, aseguró que las inspecciones continuarán en aquellos establecimientos donde existan indicios de incumplimiento, con el fin de garantizar la legalidad y proteger tanto a los profesionales del sector como a los consumidores.