Ayer se puso en marcha un nuevo procedimiento de intercambio de información entre miembros de la Unión Europea que permitirá saber a los estados si a un ciudadano europeo se le ha denegado la licencia de armas en su país de origen. Esta medida se suma al conjunto de acciones puestas en marcha desde Bruselas para aumentar el control legal sobre las armas de fuego, una prioridad del Plan de Acción de la UE sobre el tráfico de armas de fuego (2020-2025), la Agenda Antiterrorista y la Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada.
Las nuevas normas relativas al intercambio sistemático de información entre los Estados miembros sobre las denegaciones de licencia de tenencia de armas de fuego fueron aprobadas en mayo de 2021 y publicadas en el DOUE en septiembre de 2021. Las autoridades nacionales competentes podrán ahora comprobar, mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, si a una persona que solicita una licencia para poseer un arma de fuego se le ha denegado una licencia similar en otro estado miembro. Según la Comisión Europea, esto evitará que la gente intente eludir las prohibiciones de armas buscando la jurisdicción más complaciente entre los Estados miembros. Aunque en la práctica, los representantes del sector no ven ninguna ventaja a esta medida.
Más control para los usuarios legales, ineficaz para los delincuentes
Según declara a Jara y Sedal Pedro Morrás, secretario de la Federación Sectorial Armera, «éste es uno más de los sistemas de la Unión Europea que pretenden hacer recaer sobre los usuarios que respetan la ley, la responsabilidad sobre actividades delictivas, complicando aún más el comercio lícito de armas deportivas». Para Morrás la medida carece de sentido, puesto que según él no va a tener impacto ninguno en los terroristas «y solo viene a poner una carga más sobre los usuarios legales, que ya se encuentran hiperregulados».
En la misma línea se pronuncia Daniel Álvarez, vicepresidente de ANARMA, que la considera innecesaria: «Son medidas de cara a la galería, de autobombo, que no tienen ningún resultado sobre los usuarios ilegales de armas. No va a tener impacto en el terrorismo». Álvarez, además, señala a otro posible problema: «todo este almacenamiento de datos de usuarios de armas europeos se va a prestar a que sean robados, como ya ha sucedido en el Reino Unido. La obsesión de la Unión Europea por tener a todos los usuarios de armas en una base de datos nos crea desasosiego porque es muy peligrosa. Esos datos pueden ser hackeados y usados».
«El problema de las bases de datos de armas en manos de la administración es que solo sirven como herramienta para la confiscación, como se ha demostrado en numerosos países a lo largo de la historia. El caso más reciente en España con los rifles semiautomáticos en .308 Win en 2020. Las bases de datos deberían quedarse en los estados miembros y puntualmente ser compartida cuando otro país lo requiriese, ya hay espacios de comunicación para ello», concluye Daniel Álvarez.