El debate sobre la protección legal de los perros de caza vuelve a escena tras la participación de Eugenia Martínez de Irujo en una campaña animalista que reclama equiparar su estatus jurídico al del resto de perros. Sus palabras, difundidas en redes sociales, han reavivado una polémica que en los últimos meses parecía encauzada tras la publicación del primer informe oficial del Gobierno sobre abandono animal en España.
En el vídeo, grabado frente a un autobús rotulado con el lema “Mismos perros, ¿distintos derechos?”, la aristócrata se posiciona claramente a favor de la inclusión de estos animales en la normativa general. «Es super injusto que justo los perros de caza o los que trabajan para el tema de… los incendios, de los terremotos… todos los que trabajan por salvar vidas, sean los que están fuera de la ley», afirma.
Sus declaraciones no han pasado desapercibidas, especialmente por la contundencia de algunas de sus afirmaciones, que chocan frontalmente con los datos oficiales conocidos recientemente. Antes de entrar en el fondo del asunto, conviene recordar que la legislación actual sí contempla el bienestar de los perros de caza, aunque con particularidades.
Un discurso que insiste en un relato cuestionado
Durante su intervención, Martínez de Irujo va más allá y asegura que «los de la caza, normalmente, son los peor tratados siempre y… los que salvan vidas también». Una afirmación que conecta directamente con el discurso habitual de algunas organizaciones animalistas, pero que no está respaldada por cifras oficiales.
El propio Gobierno, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, publicó en 2025 el primer estudio estatal sobre abandono y recogida de perros. Este informe supuso un punto de inflexión, ya que por primera vez se disponía de datos verificables procedentes de ayuntamientos y centros de recogida.
Los resultados desmontaron el relato que durante años se había difundido en torno al abandono masivo de perros de caza. Lejos de las cifras de decenas de miles, el número real de perros de razas vinculadas a la actividad cinegética recogidos en 2023 se situó en torno a los 2.400 ejemplares, incluyendo tanto extraviados como abandonados.
De ellos, aproximadamente 1.900 podrían considerarse realmente perdidos o abandonados, una cifra que engloba además situaciones diversas, desde pérdidas puntuales hasta robos. Es decir, no existe evidencia que permita sostener que se trate de un problema estructural vinculado al sector cinegético.
@fundacionanimalrescue Eugenia Martínez de Irujo pide la protección legal de los perros de caza y de trabajo. Ahora mismo están desprotegidos legalmente 😡 #MismosPerrosMismosDerechos #perros #animalrescue ♬ sonido original – Fundación Animal Rescue
Los datos oficiales frente a las cifras infladas
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la enorme diferencia entre los datos oficiales del Gobierno y los difundidos durante años por organizaciones animalistas. Algunas estimaciones hablaban de hasta 50.000 galgos abandonados cada año, una cifra que nunca tuvo respaldo estadístico.
Incluso estudios más recientes, como el presentado por PACMA en 2023, situaban en más de 12.000 los perros de caza abandonados en un solo año. Sin embargo, el informe gubernamental reduce esa cifra a una fracción mínima, poniendo en evidencia la falta de rigor metodológico de aquellos trabajos.
El documento también revela otro dato significativo: los perros de razas de caza representan solo el 12,9 % del total de animales recogidos, muy por detrás de los mestizos, que superan el 50 %. Este dato refuerza la idea de que el abandono animal es un problema general, no específico de un colectivo concreto. Además, el estudio apunta a una posible sobrerrepresentación en los datos de algunas protectoras, lo que podría haber contribuido a inflar artificialmente las cifras en los últimos años.
@jara_y_sedal ♬ sonido original – Jara y Sedal
Un debate que sigue abierto
A pesar de la contundencia de los datos, el discurso que vincula la caza con el maltrato o el abandono sigue teniendo presencia en el debate público. Las declaraciones de Martínez de Irujo son un ejemplo de ello, al reproducir una narrativa que ha sido cuestionada por las propias instituciones.
En el mismo vídeo, la aristócrata pide a los políticos que actúen: «Por favor, que los metáis dentro de la legalidad, igual que todos. Tienen los mismos derechos, por favor». Un mensaje que conecta con la campaña “Mismos perros, mismos derechos”.
Sin embargo, el marco legal actual ya contempla obligaciones estrictas para los propietarios de perros de caza, incluyendo identificación, controles veterinarios y normativas autonómicas específicas. Lejos de estar “fuera de la ley”, estos animales están sujetos a una regulación que en muchos casos es incluso más exigente que la de otros perros como sucede, por ejemplo, con los de rehala.
No obstante, llama especialmente la atención que este mensaje parta de alguien perteneciente a una familia con un importante patrimonio vinculado, precisamente, al mundo rural y cinegético. Los Alba cuentan con grandes fincas donde la actividad de la caza ha tenido históricamente un peso relevante, lo que introduce una evidente contradicción en el discurso. No deja de resultar llamativo que, desde ese contexto, se lancen acusaciones generalizadas contra los cazadores, un colectivo estrechamente ligado a la gestión y conservación de esos mismos territorios.