La legislación ambiental actual es demasiado restrictiva y pone en peligro a los espacios protegidos de España, al impedir que se realicen las labores de prevención de incendios que han hecho durante siglos los habitantes del mundo rural, como agricultores, ganaderos, cazadores, dueños de fincas y otros.
Así lo ha denunciado la Fundación Artemisan en una nota de prensa enviada esta misma mañana a los medios de comunicación.
Según denuncian, los planes de gestión de los espacios naturales protegidos, como Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas, Red Natura 2.000 y otros, no permiten hacer limpiezas, podas, quemas controladas ni otras acciones necesarias para evitar que el fuego arrase con todo. Esto se debe a un exceso de proteccionismo y burocracia que dificulta o impide la gestión del territorio.
El 25% del territorio español está declarado espacio natural protegido
La Fundación Artemisan señala que el 25 % del territorio español está declarado espacio natural protegido y que se ha extendido la idea de que la mejor forma de conservar la naturaleza es la protección absoluta y la ausencia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Esta idea ha influido tanto en la sociedad como en las administraciones responsables de tomar decisiones, lo que supone un riesgo para la conservación del medio natural, sobre todo en una época de altas temperaturas y sequía como la actual.
Un ejemplo de ello fue el incendio que se produjo el año pasado en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, que quemó cerca de 400 hectáreas del parque, una veintena de nidos de buitre negro, una especie protegida, y 2.356 hectáreas de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Es necesario recuperar las actividades tradicionales del medio rural
La Fundación Artemisan recuerda que la gestión adecuada del territorio es vital para prevenir este tipo de catástrofes medioambientales, especialmente en zonas de alto valor. Para ello, es necesario recuperar las actividades tradicionales del medio rural que han contribuido a prevenir incendios y a evitar el despoblamiento.
La legislación vigente hace que estas acciones de prevención y gestión forestal sean inviables o muy lentas, lo que ha provocado el abandono de estos espacios.
La Fundación propone revisar la política que se está aplicando en las zonas protegidas del país y adaptar la normativa de los planes de gestión, reduciendo las limitaciones y fomentando inversiones y actuaciones dentro de estos espacios.
También pide reducir los plazos de estudio y resolución de evaluación ambiental, facilitando a los propietarios de montes privados el desarrollo de acciones de prevención y gestión forestal, autorizando su desarrollo mediante declaraciones responsables de cumplimiento normativo.