España ha vuelto a situarse en el centro del debate internacional sobre infancia, mundo rural y tradiciones reguladas. En el marco del examen periódico del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de Naciones Unidas ha analizado una propuesta que pide prohibir la participación de menores en la caza, una cuestión que ha generado preguntas directas a la delegación española en Ginebra.
El análisis se produce tras la presentación de un informe elaborado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), que cuestiona la legislación española en relación con el uso de armas de fuego por parte de adolescentes y la presencia de niños como acompañantes en determinadas modalidades cinegéticas, algo permitido en varias comunidades autónomas bajo condiciones muy concretas.
Durante la sesión celebrada el pasado 22 de enero varios miembros pusieron el foco tanto en la tauromaquia como en la participación de menores en actividades cinegéticas. En sus intervenciones plantearon si la exposición de niños y adolescentes a espectáculos con muerte o sufrimiento animal puede tener consecuencias psicológicas, qué medidas adopta el Estado para proteger el interés superior del menor y si existen datos oficiales sobre cuántos menores participan en la caza, especialmente cuando se emplean armas de fuego.
También preguntaron si España tiene previsto modificar su legislación para restringir o prohibir estas prácticas, alegando riesgos para la seguridad, la salud infantil y la necesidad de armonizar normativas entre comunidades autónomas, incluso por encima de consideraciones culturales o tradicionales.
La respuesta oficial de España
La contestación de la delegación española abordó conjuntamente las cuestiones de tauromaquia y caza planteadas por el Comité. Su respuesta fue la siguiente: «Respecto a las cuestiones de tauromaquia y caza que ha planteado el comité, comentar que compartimos la preocupación. Algunas de las comunidades autónomas han restringido la edad mínima para asistir a espectáculos taurinos. Por ejemplo, en Galicia la edad mínima son los doce años. En el País Vasco, Islas Baleares, está prohibido entrar hasta los dieciséis años, salvo que se esté acompañado de un adulto».
A continuación, explicó que están trabajando en una modificación de la la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para cambiar esto: «Y es por eso que ayer mencionábamos la ampliación de la LOPIVI. La ampliación de la LOPIVI estamos actualmente en su tramitación, todavía no está en vigor, pero a fin de velar por el interés superior del menor, es que planteamos establecer en este anteproyecto una protección especial para las personas menores de edad en relación con actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia, ya sea contra las personas o ya sea contra los animales».
A continuación, la representante española precisó: «Sobre la caza, está actualmente la Ley 1/1970 de Caza, que reconoce el derecho a cazar a toda persona mayor de catorce años, pero si es con armas de fuego o accionadas por aire o de gases comprimidos, deberá tener dieciocho años». Y concluyó agradeciendo al Comité sus observaciones.
La posición del Ministerio de Infancia
Estas respuestas se alinean con la posición expresada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que defendió públicamente la ampliación de la LOPIVI. En un mensaje difundido tras el examen en Ginebra, afirmó: «Niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros».
Según Rego, esta reforma permitiría cumplir «con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018», reforzando la protección de la infancia y dando respuesta a las preocupaciones planteadas por el Comité en relación tanto con la tauromaquia como con la caza.
¿Se ha comprometido España a prohibir la caza a los menores de edad?
Teniendo en cuenta las anteriores declaraciones, España no se ha comprometido de forma expresa ante la ONU a prohibir la caza a los menores de edad, al menos por ahora. Pero la tibieza de esas palabras tampoco garantiza que la actividad cinegética no sea considerada un «evento donde se ejerza violencia contra los animales», el que sí ha indicado que pretende prohibir la participación de los menores de edad a través de la ampliación de la LOPIVI, todavía en tramitación.
No obstante, el proceso sigue abierto y desde Jara y Sedal nos mantendremos atentos a cualquier novedad que pueda producirse para informar puntualmente de cualquier cambio que afecte al sector cinegético y al mundo rural.