Ecologistas en Acción, organización declarada de Utilidad Pública desde 1997, se enfrenta a graves acusaciones internas tras la publicación de una investigación de OKDIARIO. Según destapa el citado medio, la confederación habría desviado 2,1 millones de euros en subvenciones públicas entre 2020 y 2024 mediante un sistema diseñado para eludir los controles administrativos y fiscales.
Tal y como aseguran desde el citado medio, las denuncias parten de fuentes internas de la propia organización, que hablan de un entramado opaco de transferencias económicas hacia sus federaciones territoriales, además de otras irregularidades que podrían tener encaje penal. La documentación analizada apunta a prácticas sostenidas durante más de una década.
Según OKDIARIO, el núcleo del sistema se apoya en instrucciones internas que instan a justificar las subvenciones con gastos deliberadamente ambiguos. En uno de los documentos clave, los responsables ordenan literalmente: «Poned conceptos generales», una directriz que permitiría ocultar el destino real de los fondos públicos.
Un sistema opaco para sortear controles
El mecanismo denunciado consistiría en poner recursos económicos a disposición de las federaciones autonómicas sin que exista una transferencia bancaria directa. En su lugar, la confederación central asumiría el pago de facturas, eliminando cualquier trazabilidad clara del gasto.
El documento interno Instrucciones para la gestión y justificación de la organización, al que ha tenido acceso el medio que ha destapado el escándalo ecologista, obliga a que todo el gasto ejecutado por las federaciones se facture con los datos fiscales de la confederación estatal. Los denunciantes califican esta práctica como una «simulación documental sistémica».
Según el Informe de Cuentas Confederales 2024, solo en el último ejercicio se habrían canalizado 440.753,11 euros hacia las 18 federaciones autonómicas. Andalucía, Castilla y León y el País Valencià figuran como las que más fondos recibieron ese año.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia sostiene que este sistema elude cualquier fórmula legal de subcontratación, lo que podría encajar en el artículo 308.2 del Código Penal por aplicación de fondos a fines distintos de los concedidos.
Sueldos encubiertos y cesión ilegal de trabajadores
La investigación también pone el foco en la presunta remuneración ilegal de directivos con cargo a subvenciones públicas. Según el citado medio, varios miembros del órgano de gobierno habrían sido contratados como ‘técnicos ambientales’ mientras ocupaban cargos electos, una práctica prohibida por los propios estatutos.
Un correo interno fechado el 21 de diciembre de 2023 reconocería que percibían salarios por sus funciones de coordinación. Además, según destapan las fuentes que han investigado el caso, la denominación de ‘trío coordinador’ bajo la que fueron elegidos no está contemplada en los estatutos de la organización.
A ello se suma la posible cesión ilegal de trabajadores. Personal que desempeñaba su labor exclusivamente en federaciones territoriales habría sido contratado por la confederación central para simular una plantilla única ante la Administración, centralizando costes laborales y facilitando la justificación fiscal.
OKDIARIO asegura haberse puesto en contacto con Ecologistas en Acción, que por el momento ha declinado hacer comentarios sobre unas acusaciones que, de confirmarse, podrían tener profundas consecuencias jurídicas y administrativas.