El informe elaborado por la Guardia Civil sobre la tramitación de proyectos de energías renovables en Aragón ha abierto un nuevo frente político. Según informa ABC, distintos partidos han exigido la dimisión de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, tras conocerse las conclusiones preliminares de la investigación judicial sobre posibles irregularidades en expedientes ambientales vinculados a la empresa Forestalia.
El caso se centra en la actuación del que fuera subdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, a quien los investigadores sitúan como una pieza clave en la aprobación de determinados proyectos energéticos. De acuerdo con el informe remitido al juzgado de Teruel, Domínguez habría participado en la tramitación de expedientes que beneficiaron a la citada empresa.
Según detalla ABC, el documento fue trasladado al juez después de una serie de registros en sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Las diligencias tratan de esclarecer si se produjeron irregularidades en la emisión de declaraciones de impacto ambiental favorables a determinados parques eólicos.
Petición de dimisión tras el informe de la Guardia Civil
La reacción política no se ha hecho esperar. El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha señalado directamente al actual secretario de Estado como responsable político de la situación.
Según recoge el citado diario, Guitarte afirmó que «la primera persona que debe dimitir es Hugo Morán», al considerar que era el superior jerárquico del funcionario investigado dentro del Ministerio de Transición Ecológica. El dirigente también critica que Domínguez siguiera vinculado al departamento y continuara como asesor personal del propio Morán.
La investigación de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) del Seprona sostiene que el exsubdirector asumía personalmente algunos expedientes para facilitar su tramitación. Entre los proyectos mencionados figura el denominado Clúster del Maestrazgo, uno de los desarrollos eólicos más grandes del país y especialmente polémico por su impacto en el territorio.
Según la información publicada por ABC, varios testimonios recogidos por los agentes apuntan a que Domínguez priorizaba expedientes relacionados con Forestalia e incluso presionaba para acelerar determinados informes cuando otros funcionarios detectaban problemas en la documentación.
Sospechas sobre una red de influencias en proyectos eólicos
Los denunciantes consideran que lo conocido hasta ahora podría ser solo una parte del caso. Tanto Teruel Existe como Vox sostienen que la investigación podría acabar destapando un entramado mayor vinculado a la aprobación de proyectos renovables en Aragón.
Según informa ABC, Guitarte afirmó: «Siempre tuvimos claro que nadie en su sano juicio se habría atrevido a plantear un proyecto que destruye uno de los principales patrimonios naturales de Aragón, de España y de Europa si no hubiera tenido la garantía de un respaldo político».
El informe policial también menciona a otros responsables administrativos y políticos que habrían tenido un papel relevante en la tramitación de los proyectos. Entre ellos aparecen el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jesús Lobera, y el exconsejero aragonés Joaquín Olona, que figuran en la investigación en relación con la gestión de distintos expedientes energéticos.
Mientras avanza la causa judicial, el juez encargado del caso ha citado a las partes personadas antes de decidir posibles medidas cautelares. Entre ellas, según explica el citado medio, podría plantearse incluso la paralización de algunos proyectos eólicos en la provincia de Teruel.
Al mismo tiempo, los partidos que han impulsado las denuncias reclaman auditorías independientes sobre todos los proyectos relacionados con Forestalia para aclarar si las autorizaciones ambientales se concedieron siguiendo los procedimientos legales establecidos.