Las cinco Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Córdoba recibieron 4.446 depósitos entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026. La cifra prácticamente iguala los 4.467 registrados durante los doce meses de 2025 y refleja un notable crecimiento respecto a los 3.160 contabilizados en 2024.
Si el ritmo se mantuviera durante el último tramo del año, la provincia podría cerrar 2026 con alrededor de 6.700 depósitos, más del doble que dos años antes. Sin embargo, el Instituto Armado aclara que este incremento no significa que haya aumentado el número de armas ilegales o intervenidas por la comisión de delitos.
La caducidad de las licencias, la causa más habitual
Un depósito puede producirse por circunstancias muy diferentes. Entre ellas figuran la caducidad de la licencia, el fallecimiento del titular, una entrega voluntaria, la denegación o revocación de una autorización, el hallazgo de un arma o una actuación policial o judicial.
Según la Guardia Civil, la caducidad de la licencia es actualmente el motivo más frecuente por el que un arma termina en una Intervención de Armas y Explosivos. A continuación se sitúan las entregas voluntarias para su destrucción y los casos en los que se deniega o revoca la licencia correspondiente.
Cuando el arma queda a disposición de su propietario, este dispone de un año para regularizar su situación. Si transcurre ese periodo sin que se lleve a cabo ningún trámite, puede ser destinada a chatarra. En cambio, si permanece a disposición de una autoridad judicial o administrativa, deberá seguir depositada hasta que esta decida cuál será su destino.
La duración de estos depósitos, explica el cuerpo, «depende de las circunstancias particulares del caso». En la mayoría de las ocasiones puede prolongarse durante días o meses, aunque puede alcanzar varios años cuando el arma está relacionada con un procedimiento judicial.
Un depósito no equivale a una incautación por delito
La Guardia Civil diferencia entre intervención u ocupación, consignación y depósito. La primera puede producirse cuando alguien porta un arma ilegalmente en un espacio público o cuando se retira de manera preventiva para evitar riesgos para las personas o los bienes.
La consignación, por su parte, se enmarca en una investigación penal y supone que el arma queda custodiada como posible prueba. El depósito abarca un conjunto más amplio de situaciones contempladas en el Reglamento de Armas y no implica por sí mismo que el propietario haya cometido un delito.
De hecho, el Instituto Armado asegura que no ha detectado un incremento de las armas ilegales o sin documentar en Córdoba. Sí se han localizado algunas armas modificadas ilícitamente, aunque se trata de casos «muy residuales» en la provincia.
Escopetas recortadas y silenciadores ilegales
Entre las alteraciones detectadas figuran carabinas o pistolas de aire comprimido transformadas para poder disparar munición real. También se investiga un arma corta que «podría haber sufrido» una modificación para convertirla de semiautomática en automática, una circunstancia que deberán determinar las unidades encargadas del caso.
La Guardia Civil también menciona modificaciones destinadas a ocultar con mayor facilidad determinadas armas, como escopetas de caza con la culata y los cañones recortados. Otro supuesto es la instalación de dispositivos prohibidos, entre ellos silenciadores acoplados a rifles, una práctica que el cuerpo relaciona principalmente con el furtivismo.
Por el contrario, las infracciones administrativas habituales durante la actividad cinegética, como determinados incumplimientos relacionados con la documentación o las medidas de seguridad, no suelen implicar la retirada del arma. En esos casos, normalmente se formula la correspondiente denuncia y esta permanece en poder de su propietario.