Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han presentado una denuncia contra el responsable de una conocida orgánica con sede en Sevilla y un cliente por los hechos ocurridos durante el primer día de la desveda de corzo de esta temporada 2024-2025. La acusación se produce tras el hallazgo de seis corzos con precintos colocados incorrectamente, según ha informado Europa Press, en la pedanía de Quintanas Rubias de Arriba, perteneciente al municipio de San Esteban de Gormaz.
El incidente tuvo lugar el 1 de abril a las 11:35 horas, cuando los agentes interceptaron a dos individuos que transportaban tres corzos macho enteros y otros tres trofeos también de machos de la misma especie. Según declararon los implicados, venían de realizar un rececho. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los agentes fue que todos los animales portaban precintos que no habían sido colocados conforme a la normativa vigente.
Los agentes denunciaron a los implicados por no colocar correctamente los precintos
De acuerdo con la Orden MAM/829/2011, es obligatorio que, una vez abatido un corzo, el cazador coloque el precinto correctamente cumplimentado y proceda a cortar la matriz del mismo antes de mover la pieza del lugar. Según ha informado el citado medio, los precintos encontrados en los corzos no solo no habían sido recortados para marcar la fecha de captura, sino que tampoco se les había retirado la parte correspondiente a la matriz.
Además, según la información a la que ha tenido acceso Jara y Sedal, los precintos podrían haber sido manipulados y no colocados tal y como se especifica en esa orden, introduciéndolos en sentido inverso.
La Guardia Civil denuncia a un cazador por precintar incorrectamente un corzo en Burgos
Esta presunta manipulación de los precintos constituye una violación de las especificaciones detalladas en el anexo I de la orden mencionada. Por tanto, la Junta de Castilla y León ha iniciado el correspondiente procedimiento sancionador contra las dos personas identificadas. Las infracciones cometidas están tipificadas en la Ley 4/2021, de Caza y Gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, y podrían acarrear multas que varían entre los 2.000 y los 10.000 euros.
Además, la ley establece una indemnización al titular cinegético por el valor de las piezas de caza, fijada en 5.000 euros por cada corzo macho, si bien en este caso es uno de los denunciados.