A partir de 2024, ir al coto te costará dinero (aparte del combustible). Así se ha conocido hace unas horas después de que el Gobierno baraje 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de estas vías: «Quien contamina paga» y «el que usa paga».
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas y del que se ha hecho eco Europa Press.
Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.
«Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», señala el texto.
¿Cuántos céntimos por kilómetro costará un viaje?
El Gobierno aclara que el sistema podría ser «escalable y progresivo», es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas «asumibles pero que garanticen la financiación».
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media por kilómetro sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
Esto es lo que la caza aporta ya al Estado: genera 6.475 millones en España y emplea a 187.000 personas
Hace tres años fue presentado en Madrid un estudio elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan en el que se analiza el impacto económico y social de la caza en España. Se trata del primer gran estudio realizado sobre la materia y las conclusiones obtenidas sacan a la luz la importancia de la actividad cinegética en la economía y el medio ambiente de España.
Aunque el dato más impactante es que la caza genera 6.475 millones de euros en España y emplea a 187.000 personas –más incluso que el sector de la automoción– el estudio también arroja otros datos hasta ahora desconocidos.
Como que el de que los cazadores son el colectivo que más dinero invierte en conservación de la naturaleza en España, después de las administraciones públicas. Concretamente 287 millones de euros anuales, de los cuales se beneficia toda la biodiversidad. Estos son todos los datos.