El caso ha supuesto un duro golpe para la conservación de una especie al borde de la desaparición. El condenado, un vecino de Montemolín, ha recibido una pena de un año de prisión, una multa de 20.000 euros y la inhabilitación para cazar y pescar durante 35 meses tras abatir cuatro ibis eremitas (Geronticus eremita) con una escopeta de aire comprimido en su finca.
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando cinco ejemplares jóvenes de ibis realizaban un vuelo de dispersión desde Vejer de la Frontera (Cádiz) hasta territorio extremeño. Procedían del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita, una iniciativa de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez que intenta recuperar una especie extinguida en España desde el siglo XVII.
La investigación del Seprona y los agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres y determinar que cuatro aves habían muerto por los disparos efectuados desde la propiedad del acusado.
Un delito contra la biodiversidad
El ibis eremita es un ave de aspecto inconfundible: plumaje negro con reflejos metálicos, cabeza calva rojiza y un largo pico curvado. Durante siglos habitó zonas de Europa, África y Oriente Medio, pero los pesticidas y la pérdida de hábitat lo llevaron al borde de la extinción. Hoy solo existe una población silvestre viable en Marruecos, con menos de 200 parejas reproductoras.
En España, el programa de reintroducción comenzó en 2004 y ha permitido establecer una pequeña colonia en Barbate y Vejer, con apenas 21 parejas reproductoras en libertad al momento de los hechos. La pérdida de cuatro ejemplares juveniles supone un grave revés, dado que cada individuo representa años de trabajo y miles de euros de inversión en cría y seguimiento.
La sentencia de Badajoz se suma a otras resoluciones que en los últimos años han contribuido a frenar delitos medioambientales. Para las organizaciones conservacionistas, este tipo de fallos judiciales no solo reparan el daño, sino que envían un mensaje claro a quienes aún creen que pueden actuar con impunidad.