Dentro del territorio de España existen algunas comunidades autónomas que tienen en vigor una legislación en la que consta la prohibición de boicotear una cacería. Como no todos somos conocedores de las normas específicas de cada región española, incluso, a veces, tampoco de la nuestra propia, vamos a recopilar aquellos casos en los que se sanciona impedir llevar a cabo una jornada cinegética.
Es por eso que, a continuación y con la intención de aclarar todo este asunto, desde la redacción de Jara y Sedal detallaremos cuáles son esas comunidades autónomas de nuestro país que imponen algún tipo de sanción por oponerse al legítimo funcionamiento de estas prácticas cinegéticas.
Comunidad de Valencia
En el caso de la Comunidad Valenciana, desde el 1 de enero de 2004 la legislación establece medidas drásticas para todas esas personas que intenten sabotear las actividades de caza legalmente autorizadas. Así consta en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre.
Su artículo 58, referente a las infracciones, prohíbe «entorpecer, dificultar, interrumpir o impedir las acciones colectivas de caza mayor legalmente autorizadas en orden a su preparación, organización, ejecución y posibilidades de optimizar resultados».
De este modo, quienes incumplan dicho apartado podrían enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros.
Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León, en el mes de junio de 2021, aprobaron una nueva Ley de Caza en la que constaba como delito el hecho de boicotear una cacería. Es su artículo 84 el que considera una infracción grave el «impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza o de controles poblacionales autorizados».
También se entiende como tal «la entrada de cualquier persona ajena» a una cacería colectiva, como puede ser una batida o montería, cuando la persona en cuestión se cuele en una «zona de caza señalizada». Esta Ley de Caza establece multas de entre 2.000,01 y 10.000 euros para este tipo de actos.
Galicia
La Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia también incluye un apartado en este sentido. Su artículo 63.11 determina que «se prohíbe el ejercicio de cualquier práctica que entorpeciese el legítimo funcionamiento de las cacerías».
Respecto a ello, su artículo 88 recoge las sanciones que podrían imponerse en estos casos, reconocidos como infracción grave, y, según expone el texto, podrían conllevar multas de entre 601 y 6.000 euros.
Animalistas llaman a boicotear a los cazadores que controlan la sobrepoblación de jabalíes en Madrid
Cazadores de Valencia sufrieron un intento de boicot de un grupo de animalistas
En este contexto, cabe recordar una escena que tuvo lugar a principios de este año 2024. El Club de Cazadores la Perdiz de Alberic, en la provincia de Valencia, fue objeto de un intento de boicot por parte de un grupo de animalistas durante una batida de jabalíes.
Como consecuencia de ello, la batida, en un principio planeada con 65 puestos, se tuvo que reducir finalmente a 46 por razones de seguridad. Además, José Antonio Torres, presidente del club, aseguró que no había sido el primer incidente al que se han tenido que enfrentar durante este año.