La Generalitat Valenciana prepara una profunda actualización de las normas destinadas a controlar el conejo de monte. El proyecto, sometido a información pública durante el mes de agosto, ampliará las herramientas disponibles en aquellos territorios donde la especie alcanza densidades elevadas y provoca importantes daños en cultivos, taludes e infraestructuras.
Una de las principales novedades es que la Conselleria de Medio Ambiente podrá autorizar, en situaciones de sobreabundancia, el control nocturno del conejo. Los cazadores habilitados podrían emplear faros, linternas, otras fuentes de luz artificial y aparatos de visión nocturna o térmica.
Si bien estas medidas todavía no están vigentes de manera general, ya se encuentran recogidas en un proyecto de orden. Su utilización requerirá una autorización administrativa específica y la identificación de las personas que podrán llevarlas a cabo.
Visores térmicos, calibre 22 y armas de aire comprimido
El borrador contempla también la posibilidad de autorizar miras nocturnas o térmicas incorporadas al arma como sistema de puntería. A ello se suma el empleo de armas del calibre 22 con munición de percusión anular y armas de aire comprimido, opciones que hasta ahora no estaban permitidas para este tipo de actuaciones.
La intención de la Generalitat es disponer de métodos adaptados a escenarios donde las modalidades convencionales resultan insuficientes. Es el caso de terrenos próximos a carreteras, líneas ferroviarias, aeropuertos y otras infraestructuras cuyas zonas de seguridad ofrecen refugio a los animales e impiden cazarlos con normalidad.
La futura orden incluye además el uso de jaulas trampa y una gestión diferenciada dentro de un mismo coto. De esta manera, se podrán intensificar las actuaciones en cultivos con daños recurrentes y mantener densidades menores en espacios forestales donde el conejo desempeña una función positiva dentro de la cadena trófica.
El texto abre igualmente la puerta a trasladar ejemplares dentro del propio acotado. Los animales capturados en terrenos agrícolas afectados podrían ser llevados a zonas forestales con poblaciones más reducidas, siempre dentro de las condiciones establecidas por la Administración.
Agricultores e infraestructuras también deberán actuar
La futura regulación no atribuye toda la responsabilidad del control a los cazadores. Los agricultores situados en zonas declaradas con sobrepoblación tendrán que facilitar las actuaciones, mantener lindes y ribazos sin vegetación enmarañada que oculte las madrigueras y evitar amontonamientos de piedras, sarmientos o ramas que puedan convertirse en refugios.
Los responsables de infraestructuras colindantes con cultivos afectados también deberán eliminar refugios o instalar barreras que impidan el paso de los conejos. Cuando estas medidas resulten insuficientes, estarán obligados a controlar la población dentro de los recintos vallados mediante métodos cinegéticos, previa solicitud de la correspondiente autorización.
Las líneas de alta velocidad, carreteras y aeropuertos se han convertido en lugares especialmente favorables para la expansión de la especie. Sus terraplenes ofrecen suelos adecuados para excavar madrigueras, mientras que las zonas de seguridad limitan la utilización de armas. Según la documentación difundida, cada kilómetro de AVE o carretera puede generar entre 10 y 20 hectáreas donde la caza con armas no está permitida.
De 70 a 177 municipios afectados
La normativa que actualmente regula estas actuaciones procede de la orden aprobada el 11 de junio de 2009. Desde entonces, el listado autonómico se ha modificado en cinco ocasiones: comenzó con 70 municipios y alcanzó los 177 términos municipales y 928.194 hectáreas en la actualización de 2024.
Las mayores capturas medias registradas durante los últimos cinco años se concentran en el Baix Segura, con 104,44 conejos por kilómetro cuadrado, seguido de La Costera, con 70,81, y el Vinalopó Mitjà, con 54,86. En cambio, las densidades son mucho menores en el interior de Castellón y el Rincón de Ademuz.
Con esta reforma, la Administración valenciana pretende acortar los tiempos de respuesta ante los daños y proporcionar a cazadores, agricultores y gestores de infraestructuras herramientas más eficaces. El proyecto estuvo sometido a un periodo de información pública de quince días naturales antes de continuar su tramitación. La apertura del trámite fue anunciada públicamente el 10 de agosto.