Por RFEC
El Comité Interautonómico de la Real Federación Española de Caza, en el que están representadas todas las comunidades autónomas de este país y por tanto el sentir de todo el colectivo cazador español, exige al Gobierno de España y a los diferentes gobiernos autonómicos que se posicionen en contra de la propuesta de moratoria que se realizará por parte del Consorcio, solicitando diferentes medidas y oportunidades para la gestión de la tórtola y su aprovechamiento sostenible.
La RFEC ha trasladado su malestar al Ministro de Agricultura, Luis Planas, denunciando que el consorcio está sufriendo presiones de la Comisión Europea para reforzar su postura y el expediente abierto a Francia y a España para proponer una injusta moratoria de 4 años que acabará con la gestión cinegética y la recuperación que la misma había provocado en los últimos años.
La entidad federativa lamenta que con esta moratoria se abandonará la gestión de la especie y empezará a caer en picado, como lo hacen otras aves ligadas a espacios agrarios como el sisón, la avutarda o el alcaraván, en un momento en el que los propios programas de seguimiento de aves reconocen la tendencia positiva de la tórtola desde 2013 en España, pero sin embargo se pretende imponer una moratoria porque en otros países de Europa sigue en regresión.
El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha anunciado el despropósito que supone barajar exclusivamente la opción de moratoria, ya que eso no es un programa de caza adaptativa: «Este programa debería barajar más posibilidades que blanco o negro, y se deberían dar numerosas alternativas que pudieran adecuarse a cada territorio. Tenemos la posibilidad de seguir reduciendo número de días y cupos. ¿Por qué eso no se baraja? ¿Qué intereses se persiguen?».
De esta forma, el Comité Interautonómico de la RFEC exigirá el cumplimiento de la Directiva Europea de Aves, que en su artículo 2 anuncia que «los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas».