La Comisión Europea ha dado un paso decisivo en el proceso para restringir el uso del plomo en la munición de caza. El Comité REACH aprobó el pasado 25 de junio la prohibición de la munición de plomo para perdigones, una medida que establece un periodo de transición de siete años antes de su entrada en vigor definitiva. Las balas, por el momento, quedan fuera del ámbito de esta restricción.
La decisión llega tras un prolongado proceso de negociación en el que las federaciones de caza y las organizaciones representativas del sector han intentado ampliar el plazo inicialmente planteado. La propuesta del Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) contemplaba un periodo de apenas 18 meses, un escenario que el colectivo calificó desde el principio de inasumible.
Aunque la ampliación hasta los siete años supone un margen mayor para adaptarse, el sector considera que la resolución aprobada sigue comprometiendo el futuro de la actividad cinegética y lamenta que se haya adoptado sin contar con el respaldo de estudios científicos concluyentes sobre las alternativas disponibles.
El sector rechaza una prohibición sin garantías científicas
Las organizaciones cinegéticas sostienen que la sustitución del plomo no puede plantearse únicamente desde el punto de vista normativo. A su juicio, antes de imponer una prohibición deberían existir evidencias científicas suficientes que acrediten que los materiales alternativos ofrecen las mismas garantías desde el punto de vista de la seguridad, la eficacia y el bienestar animal.
Entre las principales preocupaciones del sector figuran el posible incremento de los rebotes de determinados materiales sustitutivos, su comportamiento toxicológico y su capacidad para mantener una eficacia suficiente en la caza, evitando heridas no letales que puedan comprometer el bienestar de la fauna silvestre.
Por ese motivo, las federaciones consideran que el periodo transitorio, aunque superior al inicialmente planteado, no resuelve el problema de fondo. Insisten en que durante esos siete años deberían desarrollarse estudios independientes y soluciones técnicas que permitan garantizar una transición viable para cazadores, fabricantes y usuarios.
La batalla se traslada ahora al Parlamento Europeo
La aprobación del Comité REACH no pone fin al procedimiento legislativo. La propuesta deberá pasar ahora por el Parlamento Europeo, que dispone de un plazo máximo de tres meses para pronunciarse sobre la decisión adoptada por la Comisión. Ante ese escenario, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y el resto de entidades representativas del sector ya han anunciado que intensificarán los contactos con los europarlamentarios españoles para intentar que la medida sea vetada antes de que culmine su tramitación.
En este sentido, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha explicado la estrategia que seguirán durante las próximas semanas: «Las federaciones de caza vamos a iniciar una ronda de contactos y trabajo con los representantes españoles en el Parlamento Europeo para informarles sobre el grave perjuicio de una decisión que se toma sin que se haya estudiado la repercusión que tendrá sobre el colectivo y sin plantear alternativas viables desde el punto de vista técnico y científico».
La restricción afecta, de momento, solo a los cartuchos
Uno de los aspectos que desde la RFEC se destaca es que la decisión aprobada no afecta a las balas, que permanecen fuera del alcance de esta regulación. La prohibición se limita a la munición de plomo utilizada en perdigones, una diferencia relevante para distintas modalidades cinegéticas.
Pese a ello, las organizaciones consideran que la medida supone un precedente importante para el futuro de la actividad y advierten de que cualquier proceso de sustitución de materiales debe sustentarse en criterios científicos sólidos y no exclusivamente regulatorios. Con ese argumento afrontarán los próximos meses de negociación política en Bruselas, donde tratarán de convencer a los representantes españoles en el Parlamento Europeo de que bloqueen una decisión que consideran perjudicial para el conjunto del sector.