La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha trasladado este miércoles a los partidos políticos su órdago particular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: un decálogo de compromisos que el sector cinegético quiere ver firmado antes de que los españoles acudan a las urnas. Jara y Sedal ha asistido a la rueda de prensa, celebrada esta mañana en la sede de la RFEC, en Madrid. Bajo el lema «La Caza También Vota», la Federación ha presentado el documento en representación de los más de 300.000 cazadores federados que dice agrupar en España, según recoge el propio decálogo. El texto llega apenas dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre tras la caída en el Congreso de los decretos de vivienda y la posterior ola de protestas en el país.
Quién ha estado en la presentación del decálogo
El acto ha estado encabezado por Josep Escandell, presidente de la RFEC desde finales de 2024, acompañado por la responsable de comunicación y marketing de la entidad, Paula Merino. Junto a ellos han tomado parte presidentes de federaciones autonómicas de caza: José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC); José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA); y Antonio García Ceva, presidente de la Federación Madrileña de Caza. La convocatoria se enmarca en la campaña «La Caza También Vota» para el mandato estatal 2026-2030, con la que la RFEC quiere que los partidos asuman por escrito diez compromisos básicos antes de la cita electoral. La Federación ha anunciado que, a medida que avance la campaña, hará público qué formaciones políticas se comprometen con el decálogo, de forma que los cazadores puedan conocer la postura de cada partido antes de votar.
Por qué la caza se cuela en la campaña electoral
El decálogo arranca con una defensa de la caza como actividad de arraigo social, cultural y económico, vinculada a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de la fauna y el futuro del medio rural. La RFEC sostiene que en todas las regiones españolas la caza es motor de desarrollo económico, social y medioambiental en los pueblos, un argumento que la Federación viene repitiendo en sus últimas campañas electorales y que respalda en estudios sectoriales sobre el peso económico de la actividad en España. No es la primera vez que la Federación lleva sus reivindicaciones a una cita con las urnas. En las elecciones generales de julio de 2023, bajo la presidencia de Manuel Gallardo, la RFEC ya había impulsado un compromiso político con la actividad cinegética que varias formaciones, como Caminando Juntos, llegaron a firmar en un acto en Granada. Meses después, Gallardo advirtió de que exigiría a los partidos el cumplimiento de esos acuerdos ya con la legislatura en marcha. La Federación repitió la fórmula con motivo de las elecciones europeas, cuando puso en marcha una campaña similar bajo el nombre «La Caza Vota en Europa», centrada entonces en la defensa de las tradiciones cinegéticas ante las instituciones comunitarias.
¿Qué piden los cazadores en su decálogo?
El primer compromiso del decálogo reclama garantizar el reconocimiento institucional y la protección de la caza sostenible mediante un marco normativo estable, proporcionado y respetuoso con la diversidad territorial, que evite restricciones injustificadas y que incluya la actualización, financiación y ejecución efectiva de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, aprobada en 2022.
El segundo punto pide proteger el patrimonio cultural cinegético, con especial atención a las modalidades tradicionales, y revisar la legislación sobre bienestar y transporte de animales para que tenga en cuenta las particularidades de los perros y demás animales auxiliares de caza, una cuestión que sigue generando fricción entre el sector y las administraciones desde la aprobación de la ley estatal de bienestar animal. El tercer compromiso se dirige a las políticas agroambientales, en particular a la Política Agraria Común, para que mediante incentivos económicos y ayudas suficientes se favorezca la recuperación de la caza menor y la mejora de los hábitats sin comprometer la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
El cuarto reclama que la caza sea reconocida como herramienta de gestión de poblaciones, prevención de daños agrícolas y accidentes de tráfico, y que el sector se integre en las estrategias de sanidad animal y bioseguridad bajo el enfoque «una sola salud», que entiende la salud humana, animal y ambiental como un todo interconectado. El quinto punto pide que las decisiones sobre gestión de fauna se apoyen en evidencias científicas rigurosas e independientes, con programas de investigación y censos poblacionales en los que participen el sector, las universidades y las administraciones.
Furtivismo, trámites y relevo generacional en el campo
El sexto compromiso reclama un marco normativo claro y procedimientos administrativos más sencillos, con mayor coordinación entre comunidades autónomas respetando sus competencias. El séptimo pone el foco en la seguridad: pide reforzar la formación y los medios de vigilancia contra el furtivismo y actualizar el Reglamento de Armas para adaptarlo a las necesidades actuales de la gestión de fauna, con una regulación proporcionada a su uso seguro, un asunto que preocupa de forma directa a guardas y titulares de cotos que lidian con la caza furtiva sobre el terreno.
El octavo compromiso pide incorporar la caza a las políticas de desarrollo rural y reto demográfico, impulsando el empleo, el relevo generacional y la incorporación de las mujeres al sector, además de la valorización de la carne de caza como recurso económico del territorio. El noveno reclama que las organizaciones cinegéticas tengan representación efectiva en la elaboración de las normas que afecten a la actividad, tanto en España como en la Unión Europea, con una evaluación previa del impacto rural y cinegético de las nuevas iniciativas legislativas.
El décimo y último compromiso aborda la modernización del sector y pide que la adaptación a las nuevas exigencias ambientales sea gradual y viable, en particular ante las restricciones sobre el uso de munición con plomo, con medidas de evaluación de impacto y apoyo técnico y económico para incorporar alternativas seguras y eficaces, una transición que preocupa especialmente a quienes gestionan humedales y zonas húmedas donde ya se aplican limitaciones al plomo de caza.
A partir de ahora, la RFEC trasladará el documento a las candidaturas que concurran a las generales del 29 de noviembre. La Federación ha anunciado que irá informando durante la campaña de qué partidos se comprometen con sus diez puntos, repitiendo el esquema que ya empleó en citas electorales anteriores, de modo que los cazadores puedan valorar la postura de cada formación antes de acudir a votar.