La Conselleria de Transición Ecológica ha presentado este miércoles durante la celebración del Consejo Valenciano de Caza el borrador del Plan de Gestión de las Poblaciones de Jabalí en la región. Una estrategia con la que prevé poner en marcha nuevos mecanismos para determinar los lugares donde es necesario aumentar los controles sobre esta especie, ante la sobreabundancia de sus poblaciones y los problemas que genera. Por su parte, la Federación de caza de la región se queja de que sean los cazadores los únicos que cumplen el plan «mientras que Medio Ambiente ha reconocido que es incapaz de cumplir las medidas que de ellos dependen», han expresado en una nota de prensa.
Según la Administración regional, el plan ampliará criterios para esclarecer qué se entiende por sobrepoblación en una zona determinada. De esta manera, ahora se analizaran también como criterios de control las zonas donde se registra una mayor densidad de jabalíes, la proximidad a cultivos agrícolas, el índice de accidentes de tráfico que provocan estos animales y su posible afección a la biodiversidad de las zonas húmedas.
«La Administración no cumple con las medidas que de la Dirección de Medio Natural dependen»
Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha manifestado a la Consellera que el plan «no servirá de nada si la Administración no cumple con las medidas que de la Dirección de Medio Natural dependen y que de nada sirve que los
cazadores abatan más de 40.000 jabalíes al año si ellos no cumplen el resto de medidas», como la de fomentar la comercialización y consumo de carne de jabalí, creación de salas de inspección y posible despiece -en la actualidad no hay ni una sola en toda la Comunidad Valenciana- o la de ampliar la red de puntos de retirada de cadáveres y restos del medio natural (SANDACH). «Ahora mismo son los cazadores los que tienen que hacerse cargo del destino de las piezas abatidas y de sus costes», argumentan.
Desde la Federación destacan que en el propio Plan de Gestión la Administración valenciana describe la figura del cazador como un experto en el conocimiento del medio, prestador de servicios ambientales a la sociedad que no pueden ser sustituidos por otros mecanismos a gran escala por la administración, recolector de datos que avalan proyectos científicos sobre la situación de las especies cinegéticas, mantenedor del equilibrio de poblaciones de fauna silvestre y de la biodiversidad, de los ecosistemas, agente muy importante en el desarrollo rural y para combatir el reto demográfico y pieza fundamental en la vigilancia pasiva de numerosas enfermedades. Una descripción que, según apunta la presidenta, «dista enormemente de la realidad que viven los cazadores valencianos, puesto que no hay ni una sola declaración pública por parte de Medio Ambiente en la que se reconozca el imprescindible papel que realiza el cazador para frenar un problema que nosotros no hemos generado».
La población de jabalíes aumenta y los cazadores «corren con los gastos»
El Consejo de Caza celebrado este miércoles, monopolizado por la problemática del jabalí, tal y como ha reconocido la Consellera en su última intervención en el mismo, no ha hecho más que, en palabras de la Presidenta de la Federación «aumentar la preocupación que tenemos los cazadores sobre este tema, ya que las decisiones que se están tomando desde Medio Ambiente no están solucionando».
Tal y como muestran los datos que la propia Administración les ha trasladado, en 2019 los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas eran de 539. En el 2022 -solo por jabalíes- los accidentes se han elevado a 933. En cuanto a los daños a la agricultura, si en el año 2018 se cuantificaban en 26 millones de euros, en el 2022 se eleva hasta los 40 millones. «Todo esto con el doble de capturas por parte de los cazadores que se están implicando de forma sobresaliente para ayudar a los agricultores y la sociedad en general en esta problemática», destacan desde la entidad federativa.
Por último ha querido hacer especial hincapié en «el esfuerzo económico que supone al cazador cumplir con las obligaciones impuestas en sus planes técnicos y la responsabilidad de correr con los gastos de los daños producidos por esta especie que necesita de medidas que atiendan a las demandas del sector de la caza y la agricultura como se ha expuesto hoy en el Consejo».