Jesús Caballero – 14/03/2019 –
Hace tiempo escribía en esta sección una nota con motivo de la presentación en sociedad de un nuevo partido que tenía como prioridad la defensa de los derechos de la vida rural y en particular de la caza. Era, según sus promotores, un intento neutralizador de las propuestas abolicionistas de PACMA. Con independencia de la cuestionable sensatez de ambos polos, nuestro diagnóstico fue que, en el mejor de los casos, estos modelos antagónicos tenderían a contrarrestarse en las urnas –como así ha sido– quedando fuera de las instituciones y, por tanto sin influencia alguna en las futuras legislaciones.
Terminaba la columna apelando a la necesidad de que los partidos mayoritarios definieran con claridad su postura ante la actividad cinegética para que la ciudadanía afectada pudiera votar en consecuencia. La caza es una actividad socialmente transversal, ni de derechas ni de izquierdas; sin embargo, el narcisismo moral al que nos ha llevado la empalagosa cursilería de la corrección política ha forzado tanto la dialéctica marxista (amo-esclavo, cazador-presa) que explicaría el rechazo ideológico a la caza de las posturas más ‘progresistas’. Las opciones conservadoras, por el contrario, llevan incrustadas en su ADN criterios de tolerancia con tradiciones, algunas tan polémicas ahora, como la cinegética o la tauromaquia.
La aparición de Vox en la política andaluza, como fuerza emergente con más 400.000 votos, y su postura claramente procaza y protaurina, abre una nueva expectativa política que obligará a las demás opciones a mojarse con una mayor claridad, y lo que parecía una «casposa» tradición rural para algunos políticos y políticas se ha transformado en una demanda social que deberán manejar con menos frivolidad ante el peligro de sufrir fuego amigo desde sus propias filas.
Una legislación coherente es lo que el ciudadano espera de su clase política, y para ello la primera obligación es informarse sobre lo que se legisla; en este caso, tener una perspectiva rural de la naturaleza y saber qué significa para esos ciudadanos vivir en y de ella en este país. La caza, así, pertenece al plano filosófico, que es un saber de segundo grado pues tiene en la ciencia su piedra firme. Desbordada, así, como categoría política, la caza deber ser evaluada desde múltiples variables –ecológicas, antropológicas, etnológicas, históricas, evolutivas…– que son las que deben dictar su manejo, y no quedar a merced de esa filosofía espontánea de políticos urbanitas que tiene su caladero de votos lejos de una ruralidad que ni conocen ni les interesa.
Las últimas elecciones andaluzas han sido sólo una muestra de que mucha gente empieza a estar harta de esa melaza intelectual de buenismos y pesebrismos. La clase política, toda, ha sufrido un toque de atención; que acierten a interpretarlo es un motivo de esperanza.