La consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, ha reconocido que una de las opciones que hay sobre la mesa -con el fin de gestionar la segunda ola de coronavirus en la región- es el confinamiento de fin de semana, según ha informado hoy El Periódico.
En una entrevista a ‘Catalunya Ràdio’, Budó ha señalado que es precisamente durante los fines de semana cuando hay más interacción social y que empieza a haber una tensión «importante» al sistema sanitario. «Debemos evitar el confinamiento de marzo, a menos que sea estrictamente necesario y la única opción que podamos aplicar. Por eso tenemos que explorar diferentes escenarios y un escenario podría ser este», afirmó. La portavoz del Govern ha criticado el decreto de estado de alarma del gobierno español ya que lo considera «insuficiente» porque «limita» las decisiones de las autonomías y no va acompañado de medidas económicas compensatorias.
La caza en Cataluña podría paralizarse
De llevarse a cabo la medida, la caza en Cataluña podría paralizarse, ya que es precisamente durante los fines de semana cuando la mayoría de cazadores acuden a sus cotos de caza.
De no declararse como actividad esencial, tal y como han solicitado la RFEC y más de 60 entidades representativas del mundo rural, los cazadores no podrían practicar la actividad cinegética los fines de semana, una medida que también podría extrapolarse a todo el territorio nacional de continuar el aumento de contagiados por COVID-19 y que provocaría la paralización de una actividad que genera al año 6.475 millones de euros en España y emplea a 187.000 personas.
Cinco riesgos graves si se paraliza la caza
Las más de sesenta entidades representativas del medio rural que firmaron un escrito a mediados de octubre para solicitar al Gobierno que declarase la caza como actividad esencial avisaron también de cinco riesgos asociados a la posible paralización de la caza, todos ellos avalados por numerosos estudios científicos. El primero de ellos se refiere a los riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis, peste porcina africana-PPA, brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de Crimea-Congo…). Esto sería especialmente grave en el caso de que la peste porcina africana llegase a España.
Asimismo, se registrarían severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras como las propias vías férreas.
También son previsibles cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.
Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido a Pedro Sánchez pone de manifiesto que «la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción».
Por último, está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.