Los ganaderos de Castilla y León afectados por ataques de lobo continúan esperando el pago de unas indemnizaciones que, en determinados casos, acumulan hasta un año de retraso. La Alianza UPA-COAG calcula que la deuda pendiente de la Junta podría rondar ya los 10 millones de euros y reclama que los expedientes se resuelvan sin más demoras.
La organización agraria trasladó esta exigencia durante el Consejo Agrario celebrado el pasado viernes 4 de septiembre. En él apeló directamente al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, para que haga uso de sus nuevas competencias y agilice el abono de las compensaciones.
Indemnizaciones pendientes desde hace un año
Según denuncia UPA-COAG, los retrasos afectan a explotaciones que han sufrido bajas de animales como consecuencia de ataques de lobos y que todavía no han recibido las cantidades estipuladas. La acumulación de expedientes estaría provocando que algunos profesionales lleven cerca de doce meses esperando una respuesta económica por parte de la Administración autonómica.
La organización considera especialmente grave esta situación por el momento que atraviesa el sector ganadero, marcado por el incremento de los costes de producción y las dificultades para obtener precios que permitan mantener la rentabilidad de numerosas explotaciones. «Los daños económicos son elevadísimos y suponen un quebranto en lo patrimonial de los ganaderos afectados, así como un desasosiego continuo ante el temor de nuevas lobadas y el retraso de las compensaciones estipuladas», advierte la Alianza UPA-COAG en una nota de prensa.
Reclaman una respuesta inmediata de la Junta
La organización agraria sostiene que las indemnizaciones no pueden convertirse en un procedimiento que se prolongue indefinidamente. A las pérdidas directas ocasionadas por la muerte o las heridas de los animales se suman otros gastos relacionados con la protección del ganado y la alteración del manejo habitual de las explotaciones.
UPA-COAG exige por ello que la Consejería actúe de manera «ágil y diligente» y abone cuanto antes todos los expedientes pendientes. Su reclamación se dirige especialmente al nuevo responsable autonómico de Agricultura y Ganadería, al que solicita que priorice este problema dentro de sus competencias.
De acuerdo con los cálculos ofrecidos por las dos organizaciones que integran la alianza, la cantidad que la Junta de Castilla y León tendría pendiente de pagar a los ganaderos afectados por el lobo podría alcanzar los 10 millones de euros. La petición llega mientras numerosas explotaciones extensivas siguen expuestas a nuevos ataques. Para los profesionales afectados, el retraso de las compensaciones supone tener que asumir durante meses unas pérdidas provocadas por una especie cuya gestión y protección dependen de las decisiones adoptadas por las administraciones.