Acabo de salir de la sección de cotos en una provincia española. Me informan, que a raíz de la modificación del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, también las personas físicas tienen que presentar cualquier papel a través de la sede electrónica. Si no lo hacen, no se les tramita. Pero ¿Dónde esta el problema? Pues el dislate radica en que muchas personas, por edad, situación, medios… simplemente no saben cómo presentar un papel por internet. Ni papa.
Además, la medida va mucho más allá la ley nacional de procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) que únicamente obliga a las personas jurídicas a relacionarse por medios electrónicos con la Administraciones. Los particulares no tienen por qué hacerlo y pueden seguir presentando un papel en los registros, en la OCA, en el Ayuntamiento o en la Subdelegación.
No entiendo bien que mi vecino, con 75 años, si quiere pedir la segregación de sus tierras de un coto tenga que ir a una gestoría y solicitar que le tramiten lo que la administración está obligada a resolverle y tramitarle. Para eso está. No comprendo la restricción de derechos de los particulares que supone esta medida. No me parece que restringir medios y recortar derechos sea la forma de hacer más eficaz la relación de los particulares con la administración. No concibo que vía Reglamento de Caza se puedan restringir derechos y facultades recogidos en una ley orgánica nacional en detrimento de los ciudadanos a cuyo servicio se supone se dictan las normas. Ni yo, ni los funcionarios a pie de calle que las aplican. Hagan la prueba y pregunten.
La legislación administrativa, sus trámites, hace ya años que necesitan una poda severa. Son como ese olivo abandonado que lleva años sin hacha o sierro y que ha crecido desordenadamente. Creo que todos los partidos firmaron un “Pacto por la Caza” en Castilla-La Mancha, un nombre muy campanudo, muy rimbombante y que queda muy bien. Que no sean Palabras de Semana Santa frente a obras de carnaval.
La burocracia, en general, no ha parado de crecer en todas las administraciones. Y lo ha hecho hasta el punto de tener saturados muchos servicios y a los funcionarios obligados a trabajar sin desuncir, resolviendo todo el día cuestiones hueras, estériles y que realmente aportan poco o nada a los expedientes. Es lo que algunos han bautizado como burrocracia.
No puede ser que cada cambio legislativo o administrativo tenga como resultado una mayor restricción de los derechos de los ciudadanos y mayor complejidad en las posibilidades de relacionarse con la administración. O una carga administrativa más que se traduce en un coste adicional para el particular para que le resuelvan aquello a lo que tiene derecho (memorias anuales de capturas, comunicaciones de resultados de permisos…). Estas cuestiones, por otro lado, no hacen sino ralentizar y añadir más peso al día a día de los funcionarios que tienen que resolverlos o supervisarlos. De la PAC ni hablamos, un jeroglífico, dentro de un laberinto ininteligible y que hay que cambiar cada cuarto de hora, que realmente poca gente entiende.
La burocracia ha llegado a un punto asfixiante y limitante. El particular ha de rodearse de una cohorte de asesores, técnicos, gestores… para simplemente relacionarse con la administración. A veces para simples chorradas que, sin necesidad, tienen que ir firmadas por un técnico o ser presentas en sede electrónica.
Si quienes dirigen las administraciones quieren solucionar algo, desean facilitar la vida de sus conciudadanos, deben empezar por podar la legislación administrativa y por desbrozar los trámites administrativos. Y seguir por quitar servicios vacíos de contenido (que los hay y a manta). Dediquen el tiempo y el dinero de los contribuyentes y ciudadanos a cosas productivas y necesarias. Lo contrario, pese a las buenas palabras, son restricciones de derechos y libertades. Y así nos va.