La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha defendido en el Parlamento de Andalucía un conjunto de rebajas fiscales dirigido a más de 1.400 sociedades federadas. La propuesta, presentada ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, busca que estas medidas se incorporen al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 y permitan aliviar la carga económica de los acotados, especialmente en los montes públicos.
El vicepresidente de la FAC, Adelardo Villafranca, explicó ante los grupos parlamentarios que la reducción del canon anual por aprovechamiento cinegético en terrenos de titularidad pública constituye la principal novedad respecto a 2024. Aquella petición no fue incluida finalmente en las cuentas autonómicas, pero la entidad insiste en recuperarla ahora al considerar que afecta a un número amplio de sociedades que mantienen y mejoran estos espacios a lo largo de todo el año.
Villafranca subrayó que estas sociedades «desempeñan un papel esencial» en los montes públicos, donde asumen inversiones y trabajos que, según la FAC, repercuten directamente en la conservación del entorno y en el sostenimiento de actividades que dinamizan las economías locales.
Incentivos ligados a mejoras de hábitats
La propuesta incorpora también una rebaja de la tasa de matrícula para los cotos que acrediten actuaciones de mejora de hábitats, como la colocación de puntos de agua o la implantación de alimentación suplementaria. Asimismo, se contempla un incentivo para aquellos que participen en proyectos científicos de seguimiento de fauna, entre ellos el Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan, o que firmen convenios con la Junta para la conservación y recuperación de especies amenazadas.
Otro apartado del documento se refiere a los terrenos donde el aprovechamiento cinegético se encuentre temporalmente impedido. En estos casos, la FAC considera necesario ajustar la carga fiscal para no penalizar a sociedades que, pese a no poder desarrollar la actividad, continúan haciéndose cargo del mantenimiento del acotado y de los gastos derivados de su gestión.
Además, el paquete de medidas propone líneas de ayuda directa para empresas y entidades rurales que creen o consoliden puestos de guardería, entendidos como un elemento clave para el control del territorio, la vigilancia de los acotados y la prevención de daños al medio natural.
Un sector con impacto económico en Andalucía
Durante su intervención, los representantes de la FAC remarcaron que estas medidas resultan «imprescindibles» para asegurar la continuidad de una actividad que contribuye a la conservación del patrimonio natural andaluz y al mismo tiempo sostiene la economía de numerosos municipios rurales.
La federación recuerda que, según un estudio elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan en 2023, el sector generó 3.500 millones de euros del PIB andaluz, impulsó unos 49.000 empleos entre directos e indirectos y reportó 162 millones de euros en retornos fiscales. Villafranca concluyó que «el conjunto de medidas propuestas no sólo supone un reconocimiento al trabajo y a la inversión que el sector cinegético realiza por la conservación y el mantenimiento del patrimonio natural andaluz, sino que además garantizan el futuro de la actividad que de no practicarse provocaría una pérdida de riqueza, grave deterioro económico y desempleo».