Con fecha 9 de noviembre las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 20 septiembre de 2021, que prohíbe cazar lobos. Los servicios jurídicos de las OPAs piden igualmente la suspensión de la Orden mientras se tramita este recurso.
Con este recurso, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio ministerio de Transición Ecológica reconoce en su última Memoria, aun estando en vigor el anterior régimen de protección, «desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas».
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el LESPRE, los ganaderos al norte del rio Duero perdían una media de 9.812 animales al año, la incorporación del lobo en este régimen de protección especial, «lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural», argumentan las OPAs.
Los daños del lobo por comunidades autónomas
En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e insuficientes, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.
En el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020.
En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas probablemente se acerque a las 4.000. Los daños en esta región superan los dos millones de euros/año de media, computando no solo las reses muertas sino también los abortos por estrés, los descensos en la producción de leche, los costes veterinarios, lucro cesante, etc. De esos dos millones, la Xunta afrontó en 2020 indemnizaciones por valor de 650.00 euros, un 32% de la pérdidas reales, siendo el resto soportado por los ganaderos. Y desde septiembre de 2021, tras la inclusión del lobo en el LESPRE, esta comunidad autónoma anuncia la supresión de la ayudas por daños del lobo alegando que ahora es responsabilidad del MITECO.
En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se han declarado 1835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadas por estos ataques se encuentran al sur del Duero, donde precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el año 2019, por lo que todo hace pensar que con la aprobación de la orden de Transición Ecológica esta situación se extrapole al resto de provincias y la problemática se agrave aún más.
ASAJA, COAG y UPA advierten del «grave impacto económico y social»
En suma, en el recurso de ASAJA, COAG y UPA ante la Audiencia Nacional se argumenta cómo el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero; la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural. La orden del ministerio de Teresa Ribera, además de desproporcionada e innecesaria, supone una «clara agresión para un sector productivo que en estos momentos atraviesa graves dificultades para salir adelante», argumentan.
Además, en el recurso también se alega cómo, incomprensiblemente, esta Orden ha entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo. Por otro lado, su aprobación deja en «papel mojado» los Planes de Gestión de las cuatro comunidades autónomas afectadas, lo que aboca al sector agrario a un «limbo jurídico». Por todo ello, piden la suspensión cautelar de la misma y el mantenimiento del status quo.
ASAJA, COAG y UPA confían en que esta suspensión cautelar haría rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del diálogo y la búsqueda del consenso para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera.