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La ACE reafirma su intención de denunciar ante los tribunales el precinto digital de caza mayor en CyL

Un corzo macho. © Shutterstock

La Asociación del Corzo Español (ACE) ha decidido sumarse al escrito colectivo presentado ante la Junta de Castilla y León por diversas organizaciones representativas del sector cinegético en relación con el nuevo sistema de precintos electrónicos para piezas de caza mayor. Esta decisión no supone, sin embargo, una renuncia a las acciones legales que la entidad ya anunció que interpondría contra la normativa vigente, al considerar que vulnera derechos fundamentales de los cazadores y no garantiza una implantación adecuada ni operativa.

Apoyo al consenso, pero sin renunciar a la vía judicial

El documento al que se ha sumado la ACE fue promovido por entidades de gran peso en el ámbito cinegético, como la Real Federación Española de Caza, la Fundación Artemisan, la Oficina Nacional de la Caza y el Safari Club Internacional. En él, afirman, se recogen propuestas concretas para corregir deficiencias del nuevo modelo de precintos electrónicos regulado por la Orden MAV/258/2025 y su posterior Resolución. Entre otras cuestiones, se pone el foco en la necesidad de garantizar la privacidad, la funcionalidad y la operatividad del sistema impuesto por la Junta.

La ACE ha manifestado que respalda la implantación de un «periodo transitorio en el que convivan los sistemas de precintos digitales y físicos».

Un cazador marca un precinto tradicional en un coto de caza. © Israel Hernández

Pese a sumarse al frente común del sector, la asociación ha querido dejar claro que esta adhesión no implica un cambio de postura respecto a las acciones legales anunciadas. Tal y como ya comunicó el pasado 24 de marzo, la ACE sigue firme en su decisión de impugnar la normativa por vía administrativa y contencioso-administrativa.

Una estrategia dual: diálogo y firmeza jurídica

Desde la ACE se insiste en que su estrategia pasa por combinar la participación en iniciativas de consenso que puedan mejorar la regulación a través del diálogo, con una defensa jurídica firme de los principios que rigen su labor. En palabras de la entidad: «La ACE mantendrá su estrategia dual: sumarse a las iniciativas de consenso que contribuyan a mejorar la regulación desde el diálogo y la unidad del sector, pero sin renunciar a la firme defensa jurídica de los principios y derechos que siempre han guiado su labor».


El 86% de los cazadores rechaza el nuevo precinto digital impuesto por la Junta de Castilla y León


La asociación considera que no puede permitirse dejar pasar los plazos legalmente establecidos para presentar recursos, a la espera de una hipotética modificación normativa por parte de la Junta de Castilla y León. «Renunciar a actuar en plazo supondría aceptar la consolidación de una normativa que se considera injusta y contraria a derecho», señalan en su comunicado oficial.

A la espera de una posible rectificación por parte de la Junta

La ACE deja abierta, eso sí, la puerta a retirar o suspender las acciones legales en caso de que la Junta proceda a una modificación sustancial de la normativa que responda a las preocupaciones expresadas por la asociación. En este sentido, la entidad manifiesta: «Si la Junta de Castilla y León procediera a la sustitución de la normativa en cuestión, o realizara las modificaciones sustanciales solicitadas por la ACE, la Asociación estará encantada de suspender o retirar las acciones anunciadas o iniciadas, en la medida en que dichas medidas respondan de forma efectiva a las preocupaciones planteadas».

El nuevo sistema de precintos electrónicos, tal como ha sido aprobado, ha generado un notable rechazo en amplios sectores de la caza. Desde asociaciones de cazadores hasta federaciones y fundaciones especializadas, las críticas se han centrado en la falta de garantías técnicas, la posible vulneración de derechos y el modo unilateral en que ha sido impuesta la normativa.

Con esta nueva adhesión al escrito colectivo, la ACE se une al bloque mayoritario del sector en su oposición al sistema actual, pero deja claro que no renunciará a los cauces judiciales si no se corrigen de forma inmediata y efectiva las irregularidades denunciadas.

       
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