Según ASAJA, «supone un tremendo varapalo para Ecologistas en Acción» y aporta seguridad jurídica a más de 120.000 cazadores.
La organización agraria ASAJA Salamanca considera que la sentencia del Supremo del pasado 18 de mayo de 2020, de producirse con anterioridad, «habría evitado polémicas, paralizaciones e iniciativas parlamentarias posteriores». «Aun así, constituye un verdadero mazazo para la Federación Regional de Ecologistas en Acción y sólo mantiene nulo el artículo 9.4, que se refiere a las modalidades de palomas en migración invernal de pasos y la caza de acuáticas desde puestos fijos».
Según la OPA, «esta sentencia es de vital importancia no sólo por la trascendencia que conlleva para el sector de la caza –actividad de la que viven cientos de familias– sino que, también, estima la ayuda para fijar población en el medio rural, mejorar la salud pública y la seguridad vial, el trabajo en el campo y la conservación de especies».
Todos los grupos políticos apoyaron la caza
Cabe recordar que el proceso, que inició el colectivo ecologista y que avaló el TSJ en mayo de 2017, anuló parcialmente el Decreto 32/2015 que regula la conservación de especies cinegéticas, el aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
En su momento, el TSJ también suspendía cautelarmente la caza en toda la Comunidad y provocó que el Parlamento autonómico aprobara una proposición de ley con el apoyo de la totalidad de los grupos parlamentarios que permitía volver a cazar en Castilla y León.