Ante la oleada de indignación que ha generado el hecho de que el PSOE haya votado en contra de la modificación de la Ley 42/2007, el partido está distribuyendo un argumentario entre sus políticos para que intenten justificarse ante la opinión pública por su decisión, la cual ha supuesto un durísimo golpe al mundo rural.
23/6/2017 | Redacción JyS
Todo apunta a que este cambio de última hora ha sido consecuencia del regreso de Pedro Sánchez a la secretaría del PSOE y al nombramiento de Cristina Narbona –creadora de la Ley 42/2007 que se pretendía modificar– como presidenta del partido. Sea como fuere, el PSOE había prometido apoyar la reforma de urgencia de la Ley para evitar que el sector de la pesca e importantes segmentos económicos –como el del cangrejo rojo– sufriesen revés posiblemente irreparable, al tiempo que evitaría el exterminio del arruí, una especie amenazada a nivel mundial que en estos momentos está siendo aniquilada por la administración.
Ante la enorme ola de indignación popular generada por lo que ha sido calificado como una «traición» el PSOE ha creado un argumentario que está circulando por los despachos socialistas, a instancias de Manuel González Ramos, Secretario del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca de la CEF, para que los políticos locales que ya habían prometido solucionar el problema a sus votantes, intenten justificarse ante las protestas. En el documento, que reproducimos a continuación, dan una serie de pautas a sus diputados para intentar justificar su postura, que ha supuesto un duro golpe para el mundo rural y para especies como el arruí, que se exterminarán de nuestro país a pesar de ser una especie amenazada a nivel mundial.
Empleo y biodiversidad son compatibles
La ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que puso en marcha un gobierno socialista es una de las más avanzadas del mundo en materia de protección ambiental. Consideramos que los principios básicos que la inspiraron están hoy más que nunca vigentes y que hay espacio suficiente para que las reivindicaciones que desde algunos sectores se están realizando puedan ser recogidas sin apelar a su modificación y desde el acuerdo.
Los socialistas vamos a trabajar en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección del medioambiente en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispuso, con la protección de la actividad y el empleo.
La reforma del PP, como las que ha venido haciendo hasta ahora en materia ambiental y otras, estaba abocada a un recurso de inconstitucionalidad y a otro por vulneración de directiva europea.
No sólo no resolvía el problema planteado, tal y como prometían, sino que lo consolidaba, al tiempo que generaba otro de mayores dimensiones.
El PP ha pretendido ampararse en una legítima petición de colectivos y territorios que quieren defender sus empleos y su actividad, para afrontar otra de sus reformas ideológicas.
Para los socialistas es posible encontrar soluciones para cada especie y situación concreta y para ello no es ni mucho menos preciso hacer una modificación legislativa de tanto calado que enmarcamos en línea con la política del Gobierno del PP de desmantelamiento de toda la legislación medioambiental en estos últimos años: Ley de Montes, Ley de Costas, Ley de Aguas, Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de Responsabilidad Ambiental.
La justa solución que los colectivos concernidos reivindican, es perfectamente viable en el marco de la propia ley, y con ese instrumento el PSOE impulsará de inmediato una iniciativa parlamentaria con vocación de diálogo y consenso social en su ulterior tramitación.