La Federación Catalana de Caza ha solicitado al Director General de Agricultura de Cataluña que, del mismo modo que los animalistas que boicotean granjas puedan ser multados con hasta 100.000 euros, también lo sean los anticaza que interrumpen jornadas cinegéticas.
8/8/2019 | Redacción JyS
Los Agentes Rurales catalanes ultiman un protocolo con los Mossos d’Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de explotaciones ganaderas por parte de animalistas, por los que se podrían imponer sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros. Se trata de un hecho que ha levantado las alertas en la Federación Catalana de Caza, que pide las mismas penas para los animalistas que interrumpen cacerías en la comunidad autónoma.
Las consellerías de Interior y Agricultura ultiman esta medida que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada la problemática tras acumularse en los últimos meses media docena de casos de animalistas irrumpiendo ilegalmente en explotaciones agropecuarias. El protocolo prevé que haya una actuación coordinada con los Mossos y los Agentes Rurales, de forma que estos últimos puedan acudir en caso de denuncia por ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma paralela a la vía penal abierta por los Mossos d’Esquadra.
La Federación Catalana de Caza pide las mismas penas para los animalistas que boicotean cacerías
«Hemos exigido lo mismo que llevamos dos años predicando: que podamos ir tranquilos a las batidas de caza», ha señalado a Jara y Sedal Sergio Sánchez Mateu, presidente de la Federación Catalana. «Nosotros le hemos remitido una carta al director general de Agricultura solicitando que implemente las mismas medidas en las cacerías», ha descrito. «Le hemos dicho que han actuado muy bien como Departamento de Agricultura, pero que también deben hacerlo para defender la caza», añade Sánchez Mateu.
Además, confiesa que «los únicos que se han mostrado más contundentes y más claros al respecto han sido los agentes de la Guardia Civil, que obviamente nos ha dicho que lo pueden llegar a considerar un acto de alteración de orden público y llevarse detenidos a aquellos que interrumpan una cacería». Al respecto de los Agentes Rurales, el presidente de la autonómica detalla que tienen «muchas dudas» y que no lo ven claro, «ya que hablan de identificación de los individuos, pero nada más», concluye el presidente de FEDECAT.
Esta es la carta remitida al Director de Agricultura:
¿Por qué considera Agricultura un «grave riesgo» las protestas en granjas?
Según Agricultura, este tipo de protestas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los animales, ya que representan un factor de estrés muy elevado. Además, suponen un incumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidas en la norma vigente, lo que podría acarrear una multa por vía administrativa.
Para evitar la ocupación de este tipo de explotaciones, la Consellería de Agricultura ha editado un díptico en el que recomienda disponer de una valla en el perímetro de toda la granja, cerrar en todo momento los accesos al lugar, aunque haya personal trabajando dentro, y únicamente abrir cuando sea estrictamente necesario para la entrada o salida de camiones o personas.