Los hechos se remontan a junio de 2016 cuando un grupo de activistas anticaza irrumpieron en una batida de jabalíes con el fin de boicotear la jornada. Se trataba de un evento legalmente autorizado y celebrado por una orgánica cinegética de Lenta, una pequeña localidad situada al norte de Italia.
Los activistas fueron acusados de haber obstaculizado la realización de la jornada cinegética y haber causado lesiones y amenazas a algunos de los participantes así como a miembros de la organización de la empresa anfitriona.
El pasado 29 de octubre, el Tribunal de Vercelli dictó sentencia condenando a 11 de los activistas acusados a penas de prisión de entre 6 y 8 meses y a pagar daños y perjuicios a las partes afectadas, representadas por el Abogado R. De Sensi.
La ley de caza de Castilla y León considera delito boicotear una cacería
Las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos, aprobaron el pasado 23 de junio una nueva Ley de Caza. Entre otras modificaciones, esta nueva ley considera delito boicotear una cacería.
Se trata ésta de una de las reivindicaciones históricas de este colectivo, en la que establece como infracción grave la perturbación de las cacerías o la entrada en la zona señalizada de montería por terceras personas, permitiendo la colocación de puestos en caminos.
En concreto la nueva ley indica en su artículo 84 que tendrán la consideración de infracciones graves «impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza o de controles poblacionales autorizados» o bien «la entrada de cualquier persona ajena» a una cacería colectiva -como puede ser una batida o montería- cuando la persona en cuestión se cuele en una «zona de caza señalizada».
Además, la nueva ley de caza indica que por la comisión de este tipo de infracciones se impondrán multas de 2.000,01 euros a 10.000,00 euros.
Algo que ya legisló Francia hace dos años
El Senado francés aprobó a finales de 2019 un proyecto de ley para castigar con mayor severidad a quienes boicoteen cacerías u otros eventos autorizados por ley. La propuesta trata de responder a los nuevos casos de ecoterrorismo contra carnicerías, el ganado o la propia caza.
«Todas las actividades que no estén prohibidas deben ejercerse libremente sin que nadie intente interferir en ellas», dice el texto. El objetivo del proyecto de ley redactado por iniciativa del diputado Jean-Noël Cardoux –del partido republicano– y aprobada por el Senado a finales de 2019 es claro: dar una respuesta firme a los boicots que los animalistas están realizando a la caza y a las «intrusiones en mataderos o granjas» por parte de estos radicales.