La llegada de las primeras ayudas por los daños provocados por las borrascas de principios de año ha supuesto un balón de oxígeno para miles de agricultores y ganaderos andaluces. Sin embargo, la satisfacción por el desembolso de estos fondos públicos ha quedado empañada por una cuestión fiscal que preocupa al sector. Mientras la Junta de Andalucía ha movilizado más de 700 millones de euros para ayudar a recuperar explotaciones e infraestructuras dañadas, una parte importante de ese dinero podría regresar a la Administración a través de la tributación en el IRPF.
La polémica surge porque las ayudas autonómicas no cuentan actualmente con la exención fiscal que sí tienen las ayudas estatales impulsadas por el Ministerio de Agricultura. Esta diferencia de tratamiento ha provocado las críticas de las organizaciones agrarias, que consideran injusto que los productores tengan que tributar por unas indemnizaciones destinadas a compensar pérdidas extraordinarias.
Los primeros pagos ya han comenzado a llegar a los beneficiarios. Hace apenas unos días, la Junta inició el abono de 54 millones de euros correspondientes a ayudas directas para explotaciones ganaderas extensivas afectadas por las inclemencias meteorológicas de enero y febrero. Cerca de 10.000 ganaderos están recibiendo estas cantidades, que podrían ampliarse en futuras resoluciones.
Más de 200 millones podrían volver a las arcas públicas
La preocupación del sector se centra en el impacto que podría tener la tributación de estas ayudas. Según los cálculos realizados por la Consejería de Agricultura, Andalucía ha convocado más de 700 millones de euros en distintas líneas de apoyo al sector primario tras las borrascas. De mantenerse el actual criterio fiscal, la cantidad que podría recaudar la Agencia Tributaria superaría los 200 millones de euros.
La estimación parte de los tipos efectivos que soportan muchos productores, especialmente en aquellos casos en los que las ayudas se integran en la base imponible del IRPF. Desde el sector recuerdan que estas cantidades no representan beneficios empresariales, sino compensaciones destinadas a recuperar la capacidad productiva perdida tras los temporales.
La presidenta de Asaja Sevilla, María Morales, ha mostrado públicamente su rechazo a esta situación. «Consideramos que el Ministerio está llevando a cabo un agravio comparativo: sus ayudas sí las considera exentas a la hora de tributar, pero no las de la Junta de Andalucía», afirma.
El sector denuncia una diferencia de trato
Tanto la organización agraria como la Consejería de Agricultura llevan meses reclamando una solución que equipare el tratamiento fiscal de las ayudas autonómicas con el de las estatales. Según denuncian, resulta difícil explicar a los afectados que una ayuda concedida por una administración deba tributar mientras otra con idéntica finalidad queda exenta.
Desde Asaja consideran que la incertidumbre también complica la planificación económica de las explotaciones. Muchos productores desconocen todavía cuál será el impacto fiscal real de las ayudas que están empezando a percibir, algo especialmente relevante cuando algunas subvenciones pueden alcanzar importes elevados.
Morales advierte de que los agricultores necesitan conocer cuanto antes las reglas del juego para poder organizar sus cuentas. «Los agricultores tienen que planificarse, si de los 150.000 euros (tope máximo establecido) van a tener que devolver 50.000 a la hora de hacer la declaración de la Renta, es algo que deben saber con la máxima antelación posible», sostiene.
Las ayudas llegan en un momento crítico
Las indemnizaciones se producen en un contexto especialmente complicado para el sector agrario andaluz. Muchas explotaciones todavía están afrontando los costes derivados de la reparación de caminos, infraestructuras, cerramientos y sistemas productivos dañados por las borrascas.
A ello se suman campañas perdidas en algunos cultivos permanentes y el incremento de costes que vienen soportando agricultores y ganaderos desde hace meses. Según reconocen desde el propio sector, algunas explotaciones tardarán años en recuperar completamente la normalidad.
Por provincias, los pagos ya han comenzado a distribuirse por toda Andalucía. Córdoba encabeza el volumen de ayudas destinadas a ganadería extensiva con más de 12 millones de euros, seguida de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, mientras que el resto de territorios también han empezado a recibir las primeras transferencias.