El Parlamento de Andalucía expresó ayer, 18 de noviembre, su rechazo a la prohibición inmediata de la munición de plomo en la caza que impulsa la Comisión Europea con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica. El debate se celebró en el seno de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el Partido Popular de Andalucía abrió un amplio intercambio de posturas sobre las consecuencias de esta medida para el sector cinegético.
La cámara autonómica subrayó que una restricción inmediata provocaría un impacto severo en la actividad cinegética andaluza, afectando tanto a cazadores como a comercios especializados, rehalas, gestores de cotos y empresas del medio rural. Ante esta situación, los grupos coincidieron en señalar la necesidad de establecer un periodo transitorio que permita evaluar con rigor los efectos sociales, económicos e industriales de la prohibición, además de realizar estudios científicos independientes sobre la viabilidad toxicológica, técnica, económica y de seguridad de las municiones alternativas propuestas.
La iniciativa, impulsada por la Federación Andaluza de Caza (FAC) tras varias reuniones de trabajo con todos los grupos parlamentarios, contó con el apoyo del PP y el PSOE, mientras que Vox optó por la abstención tras presentar otra PNL paralela que no logró apoyo suficiente. Durante el debate, todos los grupos coincidieron en destacar la importancia de la caza como herramienta de gestión ambiental, conservación y vertebración económica de la Andalucía rural.
José María Mancheño, presidente de la FAC, valoró la aprobación de la PNL y recordó que «los cazadores andaluces interpretamos la prohibición inmediata de la munición de plomo como un ataque frontal a la caza que se sustenta en cuestiones ideológicas, pues ni siquiera existen argumentos técnicos y estudios científicos sobre posibles alternativas». Además, agradeció al Partido Popular su iniciativa y al resto de grupos políticos «su apoyo al sector cinegético y a la postura defendida por la FAC».
La amenaza a la seguridad y la defensa europea, un riesgo ignorado por Bruselas
El rechazo a la prohibición inmediata del plomo no se limita al ámbito cinegético. Como ya avanzamos en Jara y Sedal, diversos expertos han alertado del riesgo que supondría para la seguridad y la defensa europea eliminar repentinamente un material crítico en la fabricación de proyectiles. En nuestro artículo —que puede leerse aquí—se detalla cómo la reconversión obligatoria de las líneas de producción podría reducir la capacidad industrial europea en un momento de especial tensión internacional.
La conexión con el debate andaluz es directa: la FAC sostiene que la Comisión Europea está abordando la restricción del plomo desde un enfoque ideológico, sin valorar los efectos reales. Entre esos efectos está el impacto en la soberanía industrial y en la capacidad de abastecimiento estratégico de los Estados miembros. Desde el sector se advierte que precipitar un cambio de materiales sin un periodo transitorio podría comprometer incluso contratos de suministro militar, además de poner en riesgo miles de empleos industriales vinculados a la munición deportiva y profesional.
Cada vez más países bloquean la prohibición del plomo en la UE
A este contexto se suma un dato clave: la propuesta europea está encontrando una creciente resistencia entre los Estados miembros, como explicamos en esta noticia. Muchos países ya han mostrado abiertamente su oposición o han pedido aplazar cualquier decisión hasta que existan estudios concluyentes sobre las alternativas. Otros han comunicado que el proceso legislativo no puede seguir adelante sin valorar el impacto real en la actividad cinegética, la industria armera y las economías rurales.
El posicionamiento del Parlamento andaluz encaja con esta tendencia europea de creciente cautela. Las conclusiones del debate en la Comisión de Medio Ambiente coinciden con los argumentos que han llevado a diversos países a frenar la propuesta: falta de estudios independientes, ausencia de alternativas plenamente viables, grave impacto socioeconómico y riesgo de desabastecimiento. La FAC insiste en que Andalucía se suma así a una corriente mayoritaria que exige rigor científico y prudencia antes de adoptar una medida que afectaría a millones de cazadores y tiradores en toda la Unión Europea.